La diputada local Grecia Benavides Flores, del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa para tipificar de manera autónoma el delito de pederastia en el Código Penal de Nuevo León, con el objetivo de cerrar un vacío legal en la protección de niñas, niños y adolescentes frente al abuso sexual cometido en contextos de poder, autoridad o confianza.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora explicó que, aunque la legislación estatal contempla figuras como el abuso sexual y el estupro, actualmente no existe un tipo penal específico que sancione de forma diferenciada el abuso sexual ejercido contra personas menores de edad cuando media una relación de superioridad, subordinación o confianza, lo que dificulta dimensionar y castigar adecuadamente este tipo de conductas.
Benavides Flores señaló que esta omisión normativa invisibiliza la gravedad de hechos que no solo implican un acto sexual, sino el aprovechamiento de una posición de poder que incrementa el daño causado a las víctimas. Precisó que, a diferencia del estupro, donde se sancionan relaciones sexuales con consentimiento viciado, en los casos de pederastia el consentimiento carece de validez jurídica cuando existe una relación de poder o confianza.
Explicó que en estos supuestos el bien jurídico a proteger no se limita a la libertad sexual, sino que abarca la indemnidad sexual y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, recordó que el delito de pederastia ya está previsto en el Código Penal Federal y en diversas legislaciones estatales, por lo que consideró necesario que Nuevo León armonice su marco normativo, al tratarse de delitos cuya persecución corresponde principalmente al fuero común.
La iniciativa plantea la adición de los artículos 264 Bis y 264 Bis 1 al Código Penal del Estado, con la creación de un capítulo específico sobre pederastia dentro del título de delitos sexuales. La propuesta busca sancionar a quien, aprovechándose de una relación de parentesco, tutela, custodia, docencia, religión, atención médica, laboral u otra análoga, ejecute, obligue, induzca o convenza a una persona menor de edad a realizar actos sexuales, con o sin su consentimiento.
El proyecto contempla penas que van de nueve a dieciocho años de prisión, además de sanciones económicas, e incluye agravantes cuando la víctima sea menor de catorce años o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, reconociendo su condición de especial vulnerabilidad.
Con esta propuesta, la diputada señaló que se busca fortalecer la protección jurídica de la niñez y la adolescencia, reducir la impunidad y establecer con claridad que el abuso sexual basado en relaciones de poder o confianza no debe tener cabida en Nuevo León.
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