La diputada local de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, presentó una iniciativa en el Congreso de Nuevo León para regular el ruido vecinal y otras conductas que afectan la convivencia en zonas habitacionales, con el objetivo de garantizar el derecho de las familias a vivir en tranquilidad dentro de sus hogares.
La propuesta plantea reformar la fracción IV del artículo 224 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, con lo que el ruido vecinal sería reconocido expresamente como un asunto de orden público. Con ello, se busca otorgar certeza jurídica a los municipios para que puedan elaborar reglamentos claros, establecer procedimientos de atención, aplicar sanciones proporcionales y habilitar mecanismos de denuncia accesibles y eficaces.
La legisladora expuso que el ruido vecinal se ha convertido en una de las principales quejas ciudadanas, al generar conflictos constantes entre vecinos y afectar directamente la salud, el descanso, el estudio, el trabajo desde casa y la convivencia social. Señaló que actualmente existe un vacío legal en la mayoría de los reglamentos municipales del área metropolitana, lo que limita la capacidad de las autoridades para intervenir.
“Vamos a estar muy enfocados en acciones que tengan que ver con el desarrollo del bienestar metropolitano y la tranquilidad de los ciudadanos, pues es lo que más nos interesa, lo que más nos importa. Con esta reforma buscamos regular en ese sentido, que los municipios ya tengan las armas para poder ahora sí sancionar”, afirmó Peña, al explicar que solo uno o dos municipios cuentan con sanciones claras en la materia.
De acuerdo con la diputada, la iniciativa permitiría homologar criterios en los 13 municipios del área metropolitana y cerrar el vacío legal que actualmente impide la aplicación efectiva de sanciones. “Esto no nadamás es certeza jurídica para el municipio de cómo abordarlo, sino para el ciudadano; buscamos que se clarifique ya la ley, que no existe este abismo legal y que las sanciones sean las mismas, pero que ahora sí se ejecuten”, concluyó.
La propuesta está dirigida a beneficiar especialmente a familias, adultos mayores, estudiantes, personas que trabajan desde casa y colonias donde los conflictos por ruido son recurrentes, al fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales con un marco legal definido.
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