Estados Unidos.- La reapertura pública de los archivos del caso Jeffrey Epstein reavivó la polémica en Estados Unidos y volvió a colocar bajo los reflectores a figuras del poder político, económico y social que aparecen mencionadas en millones de documentos liberados recientemente por el Departamento de Justicia, en un proceso que, lejos de cerrar heridas, volvió a evidenciar las grietas del sistema judicial frente a delitos de alto impacto.
Las víctimas del financiero fallecido en prisión en 2019 denunciaron que, pese a la difusión masiva de expedientes, correos electrónicos, imágenes y registros, los responsables con poder político o económico siguen sin enfrentar consecuencias legales. En una carta pública, un grupo de sobrevivientes reclamó que mientras sus identidades continúan expuestas en distintos documentos, quienes formaron parte del entorno de Epstein permanecen fuera del alcance de la justicia.
Entre los nombres que aparecen referidos en los archivos figuran el expresidente estadounidense Donald Trump, el empresario Elon Musk, el filántropo Bill Gates y el expríncipe británico Andrés. La mención de estas figuras en los documentos no implica, por sí misma, la comisión de delitos ni constituye prueba de responsabilidad penal, pero volvió a colocar el debate sobre los vínculos entre Epstein y las élites que durante años orbitaban en su círculo social.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguró que el proceso de revisión y publicación de los archivos no estuvo sujeto a instrucciones de la Casa Blanca y negó que se haya eliminado información con el objetivo de proteger a personajes influyentes. Sostuvo que parte del material difundido incluye afirmaciones no corroboradas que formaron parte de líneas de investigación preliminares, así como documentos que el propio Epstein generaba para presumir relaciones o influencias.
Desde el Departamento de Justicia se reconoció que algunos expedientes contienen versiones no confirmadas que llegaron a instancias federales en años previos, en un contexto político marcado por disputas electorales y presiones mediáticas. Aun así, la publicación de los archivos fue presentada como un acto de transparencia, aunque llegó con retraso frente a los plazos establecidos por la legislación aprobada por el Congreso.
En el plano internacional, la mención del expríncipe Andrés reactivó cuestionamientos sobre los vínculos que sostuvo con Epstein incluso después de que el financista enfrentara investigaciones previas por delitos sexuales. En el ámbito empresarial, los nombres de Musk y Gates volvieron a circular en la conversación pública a partir de correos y referencias documentales cuya interpretación, subrayan especialistas legales, no equivale a una acusación formal.
Pese a la magnitud del archivo revelado, hasta ahora la única persona sentenciada por la red de explotación sexual vinculada a Epstein es Ghislaine Maxwell, condenada por su papel en el tráfico de menores. Para las víctimas, este hecho resume el problema central: la justicia ha avanzado en los márgenes, pero no ha tocado los núcleos de poder.
Organizaciones civiles y activistas por los derechos de las víctimas advirtieron que la publicación de documentos, sin una ruta clara hacia nuevas investigaciones judiciales, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de exhibición sin consecuencias. En el trasfondo, permanece la exigencia de que las autoridades estadounidenses no solo transparenten archivos, sino que esclarezcan responsabilidades y rompan, de una vez por todas, los círculos de protección que han rodeado durante años al caso Epstein.
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