
Tras una serie de accidentes de trabajo ocurridos entre el cierre de 2025 y las primeras semanas de 2026, que dejaron al menos cinco personas fallecidas en distintos puntos del estado, el diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, demandó a la Secretaría del Trabajo un informe puntual sobre las acciones de inspección, supervisión y capacitación que se han aplicado para prevenir riesgos en los centros laborales durante los últimos meses.
El legislador, quien también preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Congreso local, advirtió que el dinamismo industrial que vive Nuevo León no ha venido acompañado del mismo nivel de atención en materia de seguridad para las y los trabajadores. Señaló que los hechos registrados recientemente evidencian fallas en la prevención, particularmente en sectores como la industria, la manufactura y la construcción, donde las condiciones de riesgo forman parte de la operación cotidiana.
Morales Rivera subrayó que la legislación vigente establece con claridad la obligación de garantizar entornos de trabajo seguros, tanto para las empresas como para las autoridades responsables de la vigilancia. “La Ley Federal del Trabajo es clara: los centros de trabajo deben cumplir con las normas de seguridad e higiene y capacitar a su personal para prevenir riesgos. Cuando esto no ocurre, las consecuencias son fatales”, expresó al insistir en la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención.
El diputado también llamó la atención sobre el crecimiento acelerado de parques industriales, plantas manufactureras y obras de construcción, que ha elevado la exposición a peligros asociados al uso de maquinaria pesada, labores en altura y procesos de alto impacto. A su juicio, la expansión económica del estado exige una supervisión más estricta y oportuna para evitar que el desarrollo se traduzca en más tragedias laborales.
Finalmente, sostuvo que el avance económico no puede desligarse de la protección de quienes sostienen la actividad productiva. En ese sentido, reiteró que la seguridad en el trabajo debe ocupar un lugar central en la agenda pública, con inspecciones efectivas y programas de capacitación que reduzcan los riesgos antes de que se conviertan en pérdidas humanas.
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