La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que redefine el estatus de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal marcó un punto de quiebre en la disputa entre el Gobierno de Nuevo León y el Poder Judicial. Desde el Congreso local, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, consideró que el fallo corrige el rumbo institucional de la UIFE y la devuelve al ámbito que le corresponde, luego de meses de confrontación política.
En el posicionamiento se señaló que la controversia fue llevada hasta la Corte bajo el argumento de una supuesta invasión de facultades por parte de otras instancias, un planteamiento que, con la resolución, quedó sin sustento. Para el PRI, el fallo representa un revés para la estrategia del Ejecutivo estatal, que optó por judicializar el conflicto en lugar de encauzarlo por la vía institucional.
Desde la bancada tricolor se insistió en que la UIFE fue utilizada como un instrumento de persecución política contra diversos actores, alejándose de su función original. Con la determinación del máximo tribunal, se abre la posibilidad de que la unidad regrese a su propósito técnico dentro del marco legal que le corresponde, sin la carga de confrontación que marcó su operación en los últimos meses.
El coordinador priista subrayó que ahora corresponderá a la Fiscalía General del Estado realizar los nombramientos necesarios y designar perfiles idóneos para encabezar la UIFE, con el objetivo de garantizar un desempeño con legalidad, imparcialidad y apego a derecho. En el trasfondo, el mensaje político es claro: la inteligencia financiera no debe ser un arma en la arena partidista, sino una herramienta institucional para el combate a delitos dentro del Estado de derecho.
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