La Cámara Alta dio su aval para que personal de la Marina de Estados Unidos participe en actividades de capacitación conjunta en territorio mexicano, en una decisión que reavivó el debate sobre los límites de la cooperación militar con el país vecino. Con 105 votos a favor y una abstención, el Senado autorizó a la titular del Ejecutivo Federal el ingreso de 19 elementos estadounidenses para un ejercicio de adiestramiento especializado con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina.
Las actividades se desarrollarán del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 bajo el nombre “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, con sedes en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en San Luis Carpizo, Campeche, así como en la jurisdicción del Sector Naval Carmen, en Ciudad del Carmen. El arribo del personal extranjero se realizará a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tipo C-130 «Hércules», y al término del ejercicio se deberá remitir un informe al Senado dentro de los 30 días posteriores a su conclusión.
Durante la discusión del dictamen, la secretaria de la Comisión de Marina, Raquel Bonilla Herrera, recordó que la autorización para el ingreso de militares extranjeros es una facultad exclusiva del Senado y uno de los mecanismos de control democrático en materia de defensa y seguridad nacional. Subrayó que México ejerce plenamente su soberanía y que su política exterior se rige por la no intervención, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto al derecho internacional. En ese marco, sostuvo que la coordinación autorizada “no implica subordinación ni cesión de competencias; por el contrario, constituyen un ejercicio de coordinación regulada que fortalece las capacidades nacionales, bajo conducción civil y con pleno control del Estado mexicano”.
Las posturas encontradas no tardaron en aflorar. Gerardo Fernández Noroña, de Morena, sostuvo que la entrada de elementos militares de Estados Unidos “no debería aceptarse” en ninguna circunstancia, al señalar que no existe una “actitud sincera” del gobierno de ese país y recordar una intervención reciente en Venezuela. Desde el PAN, Susana Zatarain García respaldó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque pidió a la Mesa Directiva del Senado requerir informes sobre la entrada de aeronaves militares de Estados Unidos en Toluca y, recientemente, en Baja California.
Por el PVEM, Ruth González Silva consideró que el intercambio de conocimientos entre ambos países contribuye a proteger a la ciudadanía y a la soberanía, al tiempo que calificó la cooperación internacional en seguridad como una herramienta legítima y esencial para el desarrollo del país. En la misma línea de exigencia de claridad, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, coincidió en la relevancia de la facultad del Senado para autorizar el tránsito de tropas, pero se pronunció por esclarecer la entrada de aeronaves estadounidenses a territorio nacional sin autorización de la Cámara.
Desde la Comisión de Marina, los senadores Lucía Trasviña Waldenrath y Manuel Huerta Ladrón de Guevara precisaron que, al dictaminarse el asunto, se aprobó incluir la solicitud a la titular del Ejecutivo Federal para que se informe al Senado sobre el ejercicio de adiestramiento y cooperación, en un intento por mantener el control político y la supervisión legislativa sobre este tipo de acuerdos.
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