La diputada federal por Nuevo León, Ana González González, presentó una iniciativa para endurecer el combate a la tala ilegal y convertirla en un delito tipificado en el Código Penal Federal, con sanciones que podrían alcanzar hasta 12 años de prisión, además de multas económicas, con el objetivo de frenar el saqueo forestal y cerrar el paso a redes que operan al margen de la ley.
La propuesta plantea definir con precisión las conductas que integran la tala ilegal, desde el derribo o corte de árboles sin autorización hasta la intervención en zonas protegidas o sujetas a restauración ambiental. El proyecto también prevé castigar el uso de permisos falsos, vencidos o alterados; la operación de centros clandestinos de procesamiento de madera; y la inhabilitación de servidores públicos o concesionarios que autoricen, faciliten o toleren estas prácticas.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, las penas irían de seis a 12 años de prisión y multas de 500 a 2 mil días para quienes incurran en estas conductas, incluidas autoridades o responsables con facultades de decisión que permitan la tala en áreas vedadas. La iniciativa propone reformar la fracción II y el párrafo V del artículo 418, además de adicionar un artículo 418 Bis al Código Penal Federal, con el fin de cerrar vacíos legales que hoy permiten la impunidad.
La legisladora subrayó que la tala ilegal no es un hecho aislado, sino una cadena delictiva que involucra falsificación de permisos, transporte y almacenamiento clandestino, aserraderos irregulares y esquemas de corrupción, incluso con participación de grupos criminales. En el diagnóstico que acompaña la iniciativa se advierte el impacto ambiental, económico y social de estas prácticas: pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, alteración del ciclo hídrico, avance de la desertificación y efectos en el cambio climático, además del deterioro de economías locales.
Con esta reforma, el Congreso busca elevar el costo legal de depredar los bosques y enviar una señal de cero tolerancia a quienes lucran con recursos forestales al margen de la ley, al tiempo que se refuerza la protección del patrimonio natural del país.
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