El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Oscar Bautista Villegas, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de que determinados delitos dolosos contra el ambiente ameriten prisión preventiva.
La propuesta plantea que se considere esta medida en casos de daño grave o irreparable a la biodiversidad, áreas naturales protegidas, zonas de alta fragilidad ecológica o recursos naturales estratégicos. También cuando se trate de conductas reiteradas o sistemáticas, o bien realizadas por organizaciones delictivas con fines de lucro.
El proyecto contempla además supuestos como riesgo fundado de destrucción de pruebas, intimidación a autoridades ambientales, peritos o testigos, así como el uso de infraestructura, personas morales o tecnología especializada para evadir la fiscalización, entorpecer investigaciones o prolongar el daño ecológico.
En estos escenarios, la prisión preventiva justificada podría ser solicitada por el Ministerio Público y decretada por un juez de control, previa valoración individualizada de los riesgos procesales y bajo los principios de presunción de inocencia, excepcionalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, además del control de convencionalidad y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, propone modificaciones a los artículos 155, 167, 170 y 171 del citado código. Asimismo, establece que, a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez pueda prohibir al imputado el acceso o intervención en áreas naturales protegidas, zonas con daño ambiental o sitios de extracción ilegal, cuando exista riesgo de que continúe el deterioro o se destruyan evidencias.
Dicha medida podría sustentarse en imágenes satelitales, drones o dictámenes periciales emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o peritos autorizados.
También se propone que en delitos ambientales el juez ordene el embargo inmediato de bienes, cuentas o instrumentos necesarios para garantizar la reparación integral del daño desde el momento de la vinculación a proceso.
El legislador considera indispensable establecer la procedencia de la prisión preventiva justificada e incorporar tipos penales más específicos que contemplen el riesgo de continuidad del daño ambiental. Advierte que, de no reformarse el Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados por delitos ambientales graves podrían enfrentar el proceso en libertad aun cuando existan evidencias del riesgo ecológico o de la posibilidad de que el daño continúe.
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