Cuando el misterio deja de ser teoría: Estados Unidos abre la puerta a los archivos sobre ovnis y vida extraterrestre
Durante décadas, el fenómeno de los objetos voladores no identificados transitó entre la incredulidad científica, la cultura popular y las teorías de conspiración. Sin embargo, el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce el tema en un terreno distinto: el de la política de Estado y la transparencia gubernamental. Al instruir a agencias federales a identificar y liberar archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, la discusión deja de pertenecer exclusivamente al imaginario colectivo para instalarse en el ámbito institucional.
El mensaje difundido a través de Truth Social no sólo reconoce la existencia de información clasificada acumulada durante décadas, sino que abre la posibilidad de revisar oficialmente uno de los capítulos más reservados de la seguridad nacional estadounidense. La decisión plantea preguntas inevitables: qué se sabe realmente, por qué permaneció bajo resguardo tanto tiempo y, sobre todo, cuál podría ser el impacto global de hacer pública información considerada hasta ahora altamente sensible.
Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and…
— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 20, 2026
Más allá del debate sobre la existencia o no de vida fuera del planeta, el anuncio coloca sobre la mesa un asunto de mayor dimensión: el derecho de las sociedades a conocer información que históricamente fue protegida bajo argumentos militares, tecnológicos o estratégicos. En un contexto internacional marcado por avances científicos acelerados y nuevas disputas geopolíticas, la eventual liberación de estos archivos podría redefinir la relación entre gobiernos, ciencia y opinión pública.
Pero mientras en Washington se habla de abrir expedientes que durante años permanecieron bajo llave, en México comienza a tomar forma otro debate igualmente trascendente: quién controla las reglas de la democracia y bajo qué condiciones se redefine el equilibrio político nacional.
Desde el Congreso de la Unión, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contará con el respaldo unánime de su bancada incluso antes de conocerse su contenido final. El mensaje político resulta claro: el respaldo está asegurado antes del debate. O mejor dicho la aplanadora de Morena de nuevo hará de las suyas, le guste o no, a la población.
A ello se suman las declaraciones del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha planteado reducir el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir los costos de las campañas y replantear los mecanismos de representación proporcional. Sobre el papel, la propuesta conecta con un reclamo social legítimo: gastar menos en política. Sin embargo, también abre interrogantes inevitables sobre si una reducción generalizada del presupuesto electoral podría terminar favoreciendo a la fuerza política con mayor estructura territorial y presencia gubernamental. En pocas palabras, bajar los costos y dar a entender que aquél en tener mayoría será el “ganón” o el que ya chingo.
La discusión apenas inicia, pero perfila una reforma que no sólo busca ajustar gastos, sino redefinir el funcionamiento del sistema electoral mexicano en los próximos años. Como suele ocurrir, detrás del argumento de austeridad también se libra una disputa por el terreno político futuro.
Y mientras el país observa el debate nacional, en Monterrey permanece abierto un caso que sigue acumulando tensiones políticas y legales. Este viernes, el alcalde Adrián de la Garza citó a las 12:00 horas en Palacio Municipal al senador Luis Donaldo Colosio Riojas, en un intento por esclarecer de manera definitiva el polémico contrato relacionado con Next Energy.
La expectativa no es menor. El caso, que ha transitado entre acusaciones, revisiones jurídicas y responsabilidades compartidas entre administraciones, representa uno de los episodios más controvertidos de los últimos años en la vida pública local. La pregunta ahora no es sólo jurídica, sino política: si finalmente se aclarará el origen y alcance de un acuerdo millonario que continúa generando consecuencias institucionales.
