Con el objetivo de garantizar condiciones reales de inclusión en el espacio público y privado, el diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de fortalecer la accesibilidad universal y aumentar las sanciones a quienes incumplan la norma.
Durante su intervención en tribuna, el legislador argumentó que la propuesta busca obligar a autoridades y desarrolladores a incorporar criterios de accesibilidad desde la planeación de obras, tanto en infraestructura urbana como en transporte y espacios públicos. Recordó que, según el Censo de Población y Vivienda 2020, en Nuevo León más de 220 mil personas viven con algún tipo de discapacidad y enfrentan obstáculos que limitan su movilidad y autonomía.
“Las barreras urbanas no son solamente obstáculos materiales, representan una forma de exclusión estructural que restringe la participación plena de miles de personas en la sociedad”, afirmó.
“La accesibilidad universal no debe entenderse como una adaptación posterior, sino como un principio que debe incorporarse desde la planeación misma de las ciudades”, subrayó Morales Rivera.
La iniciativa contempla modificaciones a diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y al artículo 33 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito de endurecer el marco normativo y establecer sanciones más severas.
Actualmente, las multas por incumplimiento en esta materia van de 200 a 2 mil unidades de medida. Con la reforma, las sanciones por violar normas de diseño, señalización y accesibilidad universal se incrementarían de 5 mil a 10 mil UMAS, mientras que en infracciones graves podrían alcanzar hasta 15 mil.
“Si consideramos que muchos desarrollos inmobiliarios generan ingresos de decenas o cientos de millones de pesos, resulta evidente que las multas actuales no representan un verdadero incentivo para cumplir la ley”, enfatizó.
El legislador sostuvo que la propuesta atiende criterios de proporcionalidad y equidad, de modo que las sanciones correspondan a la gravedad de la falta y a la capacidad económica de quienes incurran en ella.
“Esta iniciativa no busca castigar por castigar. Busca generar un efecto preventivo real, para que la accesibilidad deje de ser una excepción y se conviierta en una regla en el desarrollo urbano de Nuevo León”, refirió.
