Por unanimidad de 415 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 201 del Código Penal Federal para endurecer las sanciones por corrupción de menores cuando este delito esté vinculado con actividades de la delincuencia organizada. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
La modificación establece que cuando la corrupción de menores esté relacionada con la comisión de delitos o con la participación en asociaciones delictivas vinculadas a la delincuencia organizada, las penas previstas podrán incrementarse hasta en una mitad.
Durante la discusión en el pleno se aceptó una reserva presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios Ricardo Monreal Ávila, de Morena; José Elías Lixa Abimerhi, del PAN; Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM; Reginaldo Sandoval Flores, del PT; Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI; e Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano. La modificación precisa que la agravante aplicará cuando los actos contemplados en el artículo se relacionen con conductas previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Al presentar el posicionamiento de Morena, la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez señaló que la reforma responde a un análisis con enfoque de derechos humanos y busca fortalecer el marco legal existente para enfrentar una problemática que afecta directamente a la niñez. Indicó que el objetivo es enviar un mensaje claro de que quienes recluten a menores para delinquir enfrentarán consecuencias proporcionales al daño causado.
“Se reconoce que el reclutamiento criminal no es solo un delito, es una forma moderna de esclavitud moral, una apropiación del futuro de la juventud mexicana”, expresó la legisladora, al subrayar que la reforma establece una agravante específica cuando la corrupción de menores se vincule con delitos de delincuencia organizada.
Desde la bancada del PAN, la diputada Tania Palacios Kuri advirtió que el fenómeno del reclutamiento de menores ha evolucionado hacia entornos digitales, mientras la legislación continúa rezagada frente a esa realidad. Señaló que aunque el dictamen fortalece las sanciones, también reduce un fenómeno estructural a una consecuencia penal.
“No podemos permitir que el crimen organizado tenga guarderías, que la explotación sexual infantil se normalice en pantallas. Y quien utiliza un niño para delinquir no merece indulgencia, merece sanción ejemplar”, afirmó.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del PVEM, sostuvo que la reforma busca proteger a niñas, niños y adolescentes frente al avance de las estructuras criminales, que en los últimos años han recurrido con mayor frecuencia al reclutamiento de menores para integrarlos a sus operaciones.
Explicó que estas organizaciones operan de forma estructurada y planificada, obligando a menores a participar en diversas actividades ilícitas, por lo que la reforma representa un paso relevante para fortalecer la protección de los sectores más vulnerables.
Por su parte, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del PT, adelantó que su voto sería a favor, aunque consideró que la reforma no resuelve de fondo el problema. Señaló que en varias entidades del país el reclutamiento forzado de menores ocurre de manera recurrente, pero existe una laguna legal porque el delito no está tipificado de forma específica en el Código Penal Federal.
En la misma línea, el diputado Ricardo Mejía Berdeja apuntó que el dictamen se limita a la figura de corrupción de menores y no aborda directamente el reclutamiento forzado como delito autónomo, lo que, dijo, sigue generando resistencias en algunas fiscalías para investigarlo y sancionarlo.
El priista Miguel Alejandro Alonso Reyes consideró que el dictamen representa un avance, aunque insuficiente, ya que el reclutamiento forzado aún no está claramente tipificado en la legislación mexicana. Afirmó que esta omisión ha permitido que la delincuencia organizada encuentre un terreno favorable para operar con impunidad.
En tanto, el diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, respaldó la reforma al señalar que constituye un primer paso importante para enfrentar un fenómeno que ha afectado durante años a miles de niñas, niños y adolescentes en el país.
Advirtió que el reclutamiento de menores es un problema complejo que se reproduce en distintas regiones de México y que combatirlo no solo es una obligación para proteger a la infancia, sino también una estrategia clave para debilitar a las organizaciones criminales.
Tras la aprobación del dictamen, la Mesa Directiva levantó la sesión y citó a las y los legisladores para la próxima reunión del pleno, programada para el martes 10 de marzo a las 11:00 horas.
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