La confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal volvió a escalar luego de que diputados locales aseguraran que el veto aplicado al acuerdo sobre tarifas sociales en el transporte público carece de sustento legal. Ante esta situación, el Congreso de Nuevo León exigirá la publicación inmediata de la reforma aprobada por mayoría en el Periódico Oficial del Estado.
Los legisladores señalaron que el procedimiento seguido por el Gobierno estatal resulta improcedente, por lo que anticiparon que el propio Congreso enviará la instrucción correspondiente para que el decreto entre en vigor. Afirmaron además que la postura del gobernador Samuel García Sepúlveda refleja, a su juicio, un desconocimiento del marco legal y poca disposición para respaldar a los usuarios del transporte público.
La presidenta de la Comisión de Movilidad, Aile Tamez de la Paz, explicó que el veto inicial del Ejecutivo ya fue superado por el Congreso y que, conforme al proceso legislativo, corresponde ahora su publicación oficial para que la reforma sea válida.
“Si tu quieres apoyar a los ciudadanos lo vas a hacer sí o sí, y creo que es clarísimo que la voluntad del Gobierno del Estado no es ayudar a los usuarios del transporte por eso presentan este veto sobre el veto, lo que no existe y no procede”.
Añadió que el siguiente paso será formalizar la orden de publicación.
“Por eso lo que sigue y estamos esperando es que la presidenta del Congreso envié una orden al Periódico Oficial para que se publique la reforma que aprobamos, el veto superado se tiene que publicar, eso no es opcional, es sí o sí”.
Desde la bancada del PRI, la diputada Armida Serrato sostuvo que la figura de un veto adicional no existe en la legislación vigente y cuestionó la estrategia del Ejecutivo para frenar el acuerdo legislativo.
“No me sorprende lo que hacen, el Gobierno ha presentado un sinnúmero de vetos fuera de tiempo y ahora lo que presenta, incluso, eso de vetar una superación de veto, n siquiera está establecida en la Ley”.
La legisladora advirtió que, de mantenerse la negativa del Ejecutivo a publicar el decreto, el Congreso buscará otras vías legales para impulsar medidas que beneficien a los usuarios del transporte.
“Si el gobernador no cumple con su deber, que es publicarlo ya en el Periódico Oficial del Estado, lo que sigue en el proceso legal para poder avanzar, veremos de qué otra manera podemos presentar algún otro tipo de proyecto para poder ayudar a los usuarios”.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Soto Esquer, lamentó la postura del Gobierno estatal y reiteró que su grupo legislativo respalda la aplicación de descuentos para sectores vulnerables.
“Nosotros seguimos insistiendo y aparte es una bandera de nuestro partido, el tema de las tarifas, que se hagan descuentos a estudiantes, a personas con discapacidad, adultos mayores, para que el tema de la inflación no les pegue, porque nosotros vemos al transporte público como una necesidad del pueblo, no como un negocio”.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Melisa Peña Villagómez defendió la postura del Ejecutivo y señaló que el impacto financiero fue uno de los factores que llevaron a rechazar el proyecto aprobado por el Congreso.
“No se invitó a la Tesorería, tengo entendido que lo que está vetando fue lo que se aprobó aquí posteriormente, pero lo tendrán que revisar la parte jurídica”, puntualizó.
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