El Congreso de Nuevo León dio trámite a una solicitud de juicio político presentada contra el diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, procedimiento que ahora será analizado por la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo.
Durante la sesión, el pleno determinó turnar el expediente con carácter de urgente a dicha comisión, instancia que iniciará la revisión del caso la próxima semana mediante una mesa de trabajo para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar en el proceso.
La solicitud surge a partir de una presunta extorsión en la que se involucra al legislador del partido naranja en perjuicio de una empresa pedrera, situación que motivó a ciudadanos a promover el juicio político ante el Congreso.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción informó que el expediente ya fue recibido y que en los próximos días se iniciará su análisis para verificar que cumpla con todos los requisitos legales antes de avanzar en el procedimiento.
“Se turnó a la Comisión que yo presido, un juicio político en contra de Baltazar Martínez, presidente aún, de Movimiento Ciudadano en el estado y actual Diputado local por Movimiento Ciudadano, es un juicio que lo presentan unos ciudadanos”.
“Es mi deber informarles que una vez, que analice el expediente al interior del mismo Centro de Estudios Legislativos y una servidora, estaríamos listos para convocar la próxima semana al inicio y revisión de ese expediente”.
Explicó que el procedimiento deberá seguir estrictamente lo que establece la legislación en la materia, por lo que cada etapa del análisis se desarrollará con cuidado jurídico.
“El juicio político está regido precisamente por una Ley de Juicio Político en donde cada etapa es importante y tiene que ser cuidadosa en el ámbito jurídico, así que lo primero sería dar cuenta a los integrantes de la Comisión de la solicitud de juicio político, revisar el expediente para verificar que éste cumpla con los requisitos legales y, en caso de existir omisiones o que estuviera incompleto, pues poder prevenir a los promoventes para que puedan fortalecer su denuncia con las pruebas correspondientes”.
La legisladora priista recordó que en febrero, tras hacerse pública la denuncia por extorsión contra la pedrera, presentó una querella ante la Fiscalía General de Justicia contra Martínez Ríos y contra quienes resultaran responsables, con la intención de que el caso sea investigado por la vía penal.
El objetivo, señaló, es que el legislador pueda enfrentar las acusaciones sin la protección del fuero constitucional en caso de que las autoridades determinen avanzar en el proceso.
También aclaró que la existencia de la solicitud de juicio político no impide que la empresa presuntamente afectada pueda promover su propia petición ante el Congreso.
“No estamos detrás, y eso quiero dejarlo muy claro como presidenta de Anticorrupción y como Diputada, ni queremos molestar de más al presidente de Movimiento Ciudadano, sino que lo que queremos es que se cumpla la Ley”, puntualizo.
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