Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó este miércoles que rechazará las deportaciones basadas en una ley del estado de Texas, sur de EU, conocida como SB4, que autoriza arrestar y deportar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera.
“Nosotros no aceptaríamos deportaciones del Gobierno de Texas, de una vez lo adelanto, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.
López Obrador advirtió que no reconoce la legislación del Gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott, aprobada con el fin de permitir la detención y deportación expedita de migrantes.
El mandatario sostiene que Texas no tiene facultad para deportar migrantes, porque eso le corresponde a las autoridades migratorias federales estadounidenses.
También calificó esta ley como “deshumanizada e injusta”, opuesta a los derechos humanos, y violatoria de las normas de convivencia.
El martes, la cancillería emitió un comunicado con una postura similar.
“El Gobierno de México reprueba la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante”, dijo la cartera de Relaciones Exteriores.
México reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con EU para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos.
Sin embargo la oficina de la canciller Alicia Bárcena señala que el país latinoamericano “no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”.
Desde que la medida fue discutida en el poder legislativo de Texas, el año pasado, México rechaza en forma tajante cualquier medida que permita a las autoridades de ese estado deportar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano.
México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando “ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”, dice el posicionamiento oficial.
El Gobierno mexicano reafirma su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en EU y establecer sus políticas de internación a su territorio.
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