La Cámara de Diputados volvió a colocar en la agenda un fenómeno que avanza en silencio en distintas regiones del país: la captación de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a implementar y fortalecer una estrategia integral, interinstitucional y con enfoque de derechos humanos que prevenga, atienda y erradique esta práctica.
La propuesta plantea que la respuesta del Estado debe ir más allá de acciones aisladas y enfocarse en la prevención social de la violencia, la atención prioritaria en comunidades de alto riesgo, la protección integral de las víctimas y la restitución de derechos. En ese marco, la legisladora pidió reforzar las labores de inteligencia, prevención y persecución del delito relacionadas con el reclutamiento de menores, así como coordinarse con las fiscalías federales y estatales para investigar y sancionar de manera efectiva a quienes promuevan, faciliten o se beneficien de estas prácticas, incluyendo el uso de plataformas digitales y redes sociales como mecanismos de captación.
La iniciativa también plantea la necesidad de diseñar, actualizar y fortalecer políticas públicas, programas y protocolos específicos de prevención, con énfasis en zonas de alto riesgo, así como garantizar la coordinación entre las tres órdenes de gobierno y la participación de sistemas estatales, municipales y organizaciones civiles especializadas en derechos de la infancia.
En su exposición, Jasso Nieto advirtió que la infancia se encuentra particularmente expuesta a contextos de violencia y carencias estructurales que incrementan su vulnerabilidad frente a los grupos criminales. Explicó que la normalización de la violencia, sumada a la falta de oportunidades socioeconómicas y educativas, crea condiciones propicias para que niñas, niños y adolescentes sean vistos como recursos por organizaciones delictivas.
Señaló que la combinación de entornos violentos con ofertas de ingresos, pertenencia o protección puede llevar a que la incorporación a estructuras criminales se perciba como una alternativa, aun cuando se trate de una ruta de alto riesgo, especialmente en comunidades con redes de apoyo social y comunitario debilitadas. Añadió que estudios e informes de organizaciones civiles han documentado que las estrategias de captación no se limitan al uso de la fuerza, sino que también recurren a engaños, promesas y mecanismos de manipulación social para atraer a menores.
La diputada sostuvo que este fenómeno resulta especialmente grave en zonas urbanas y rurales donde las desigualdades sociales se combinan con altos niveles de criminalidad, configurando un círculo vicioso que amenaza el desarrollo integral de generaciones completas.
“La vulnerabilidad de la niñez frente a este fenómeno no solo deriva de la violencia externa, sino también de la ausencia de políticas públicas efectivas en prevención, educación y desarrollo social”, enfatizó.
Finalmente, subrayó que romper estos ciclos exige no solo sanciones penales, sino una estrategia amplia que fortalezca las oportunidades educativas, los programas de inclusión social y las acciones comunitarias que ofrezcan rutas alternativas a la violencia para niñas, niños y adolescentes en riesgo. Concluyó que retomar y priorizar este tema es indispensable, ya que cada omisión institucional representa un riesgo inmediato para la vida, la integridad y el desarrollo de la niñez mexicana.
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