El reciente aumento en las tarifas del transporte público en Nuevo León, que pasará gradualmente de 15 a 17 pesos, ha generado indignación y movilización en diversos sectores de la sociedad. En particular, el Instituto de las Mujeres Regias presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, argumentando que esta medida afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
Impacto desigual del “tarifazo”
Wendy Maricela Cordero, directora del Instituto de las Mujeres Regias, explicó que las mujeres son quienes más utilizan el transporte público, lo que las convierte en el sector más afectado por el incremento. Además, subrayó que este aumento amplía las brechas de género en diversos aspectos, incluido el salarial.
“El transporte público no es solo un medio de traslado para nosotras, es una herramienta para cumplir con nuestras responsabilidades laborales y familiares. Pero también es un espacio donde enfrentamos altos niveles de acoso y una constante sensación de inseguridad”, expresó Cordero.
El problema de las largas esperas y rutas complicadas
Cordero también destacó que las mujeres no suelen tomar rutas directas, como lo hacen los hombres. “Muchas mujeres deben primero recoger a sus hijos de la escuela y luego enfrentar esperas de más de una hora para abordar unidades abarrotadas que las lleven a casa. Es indispensable que el gobierno presente un plan claro para reducir estos tiempos de espera y mejorar las condiciones del servicio”, señaló.
Tarifa preferencial como solución temporal
Como parte de su queja, el Instituto propuso la creación de una tarifa preferencial para mujeres, madres de familia y trabajadoras, en tanto se revisa la viabilidad del aumento aprobado. La propuesta busca no solo aliviar la carga económica para las mujeres, sino también llamar la atención sobre la falta de equidad en las políticas públicas de transporte.
Apoyo de figuras políticas
La iniciativa ha recibido respaldo de diputadas locales y federales como Anita González, Annia Gómez y Perla Villarreal, así como del legislador local Rafael Ramos, quienes se comprometieron a llevar el tema al Congreso y buscar alternativas para frenar el incremento o, al menos, mitigar su impacto en los sectores más vulnerables.
¿Qué sigue?
El Gobierno del Estado no ha emitido una respuesta oficial ante la queja, pero se espera que en los próximos días se dé a conocer un posicionamiento. Por su parte, el Instituto de las Mujeres Regias y los legisladores que apoyan la causa han solicitado una reunión con las autoridades de movilidad para abordar el problema y buscar soluciones integrales que beneficien a toda la población, con un enfoque especial en las mujeres.
Esta lucha no solo busca revertir el aumento, sino también visibilizar cómo las decisiones de políticas públicas pueden profundizar desigualdades ya existentes, destacaron las líderes del movimiento.
Por: Diego Ovalle-eitmedia.mx
