San Salvador.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) solicitó este lunes al estado de Honduras el esclarecimiento completo del asesinato de la defensora del medio ambiente y los indígenas Berta Cáceres, cometido hace nueve años.
“A casi una década de los hechos, sigue pendiente la deuda de una justicia y un esclarecimiento completo de los hechos”, expresó el GIEI en una declaración en la que rinde homenaje a Cáceres por su defensa de la tierra, los derechos ambientales, de los pueblos indígenas y las mujeres.
Cáceres fue una de las líderes de las luchas de los pueblos originarios lencas de Honduras contra los planes de sectores empresariales que afectaban el agua y los medios naturales de subsistencia de esas poblaciones en el departamento de Intibucá, en el oeste del país.
Fue también una de las principales dirigentes de la resistencia popular contra el golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
Cáceres fue asesinada en su propia vivienda en La Esperanza (oeste) en momentos que encabezaba la lucha contra la ejecución del proyecto hidroenergético Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah, uno de los clanes económicos más poderosos del país centroamericano.
El GIEI afirmó que con la identificación y condena de los autores materiales del crimen no culmina la obligación del Estado de llevar a cabo una investigación que determine los autores intelectuales y esclarezca los delitos conexos al asesinato.
“Nosotras seguimos insistiendo en que la justicia para Berta Cáceres no es solo la cárcel para los asesinos materiales, sino el desmantelamiento de todas las redes de poder que permitieron este crimen”, dijo la Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Zuniga, hija de la activista fallecida.
“Asimismo, las estructuras financieras y económicas que hicieron posible su asesinato deben responder ante la justicia y la sociedad hondureña”, subrayaron los expertos, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Expusieron que además de la investigación, queda pendiente un recorrido hacia las garantías de no repetición y la reparación de las víctimas, familiares y comunidades afectadas.
“En Honduras, como en muchos otros países de la región, las comunidades indígenas siguen enfrentando la amenaza de megaproyectos que buscan apropiarse de sus tierras y recursos, desplazando poblaciones, destruyendo ecosistemas y atentando contra formas de vida que han existido ancestralmente”, advirtieron los miembros del GIEI.
Agregaron que en este contexto, “quienes defienden estos territorios continúan siendo blanco de agresiones, hostigamientos y criminalización, a menudo con la complicidad de actores estatales y privados”.
La creación del GIEI Honduras fue anunciada en octubre de 2024 por la CIDH, mediante un acuerdo con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a solicitud del COPINH, que lideraba Cáceres, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En su declaración de este lunes el GIEI afirmó que el legado de Cáceres “resuena en las comunidades que siguen enfrentando el despojo, la persecución y la criminalización por defender sus territorios frente a proyectos impuestos sin consulta ni consentimiento”.
El Grupo lo integran los abogados Roxanna Altholz, de Estados Unidos, experta en derechos humanos; Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, de Guatemala, con más de 25 años de experiencia en derecho penal; y Pedro Martín Biscay, de Argentina, con experiencia en organismos internacionales como las Naciones Unidas, de acuerdo con la CIDH. (Sputnik).
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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