San Salvador.- La principal alianza de organizaciones sociales de El Salvador, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), presentó el viernes una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de encarcelar en una prisión de máxima seguridad a emigrantes venezolanos deportados por Estados Unidos.
“En la demanda exigimos que se declare inconstitucional los actos del Órgano Ejecutivo respecto a la recepción de ciudadanos venezolanos provenientes de los Estados Unidos de América para guardar prisión en este país a cambio de un pago o beneficio económico”, informó el BRP en un comunicado.
En su pliego, el colectivo solicitó a los órganos de justicia la liberación e inmediata repatriación de “las personas retenidas de manera indebida y que están sufriendo una discriminación por el simple hecho de ser migrantes”, en referencia a los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en el centro del país.
El texto también denuncia la violación de los derechos fundamentales de dichos migrantes, que permanecen presos en una cárcel de máxima seguridad sin haber sido juzgados por ningún tribunal del país, y en muchos casos sin pruebas de su presunta participación en delitos.
“Manifestamos que en este caso no existe ninguna especie de limbo jurídico, hay acciones concretas que violan derechos fundamentales como la libertad, la dignidad humana, la no discriminación, entre otros, y en ese sentido la Sala de lo Constitucional debe resolver de acuerdo a la misma carta magna”, reclamó el Bloque.
La nota argumenta que el encarcelamiento de los emigrados viola los derechos a la libertad personal, igualdad y no discriminación, establecidos en la Constitución, así como el principio de legalidad y al debido proceso, y el artículo que estipula que solo el Órgano Judicial tiene la facultad de imponer penas.
El BPR denunció que el acuerdo suscrito por el Gobierno salvadoreño con EU no cumple los requisitos de forma para la implementación de tratados internacionales, establecidos en los artículos 144 y 145 de la Constitución.
“Además en dichas acciones existe una clara violación al artículo 146 de la Constitución de la República respecto a que no podrán celebrarse o ratificarse tratados en que de alguna manera se lesione o menoscaben los derechos y garantías fundamentales de la persona humana”, agrega el pronunciamiento.
Un primer grupo de 238 venezolanos expulsados de EU, que los acusa de ser parte de la organización criminal Tren de Aragua, llegó a El Salvador el pasado 15 de marzo, y de inmediato fueron trasladados al Cecot.
El Gobierno de Venezuela condenó la medida, calificándola de “secuestro”, y anunció que hará todo lo necesario ante los organismos internacionales para garantizar el retorno de sus ciudadanos encarcelados en El Salvador. (Sputnik).
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