
En el Día Internacional de la Tierra, la diputada Lorena de la Garza lanzó un duro señalamiento contra la administración de Samuel García por su manejo de la crisis ecológica en Nuevo León. Con palabras contundentes, describió un escenario donde la contaminación avanza mientras las soluciones brillan por su ausencia.
“Lo que respiramos hoy, lo que bebemos, el futuro que heredaremos a nuestros hijos – todo está en juego. Pero mientras la ciudadanía exige acción, el gobierno prefiere mirar hacia otro lado o, peor aún, convertir el problema en negocio”, expresó la legisladora durante su intervención.
De la Garza destacó tres focos rojos en la gestión ambiental estatal:
El fracaso del “Impuesto Verde”, que ha recaudado 3,800 millones de pesos sin traducirse en proyectos concretos. La inoperancia frente a las pedreras y la refinería de Cadereyta, que continúan operando sin controles efectivos. Y el escándalo de Reforestación Extrema, donde 90 millones de pesos terminaron beneficiando a empresas vinculadas a círculos cercanos al partido en el poder.
“Eliminaron las alertas ambientales prometiendo un nuevo sistema fantasma, mientras los neoleoneses seguimos respirando aire contaminado”, denunció. La diputada cuestionó especialmente que programas vitales para combatir el cambio climático se hayan convertido en “fuentes de enriquecimiento para unos cuantos”.
El llamado final de De la Garza fue claro: “Los recursos públicos deben usarse para limpiar nuestro aire y agua, no para financiar intereses políticos. Esta no es una agenda partidista – es una emergencia que afecta nuestra salud y nuestra supervivencia”.
La crítica llega en un momento clave, cuando Nuevo León enfrenta sequías recurrentes y mala calidad del aire que han encendido las alarmas de organizaciones civiles y especialistas. La respuesta gubernamental a estas acusaciones podría marcar el rumbo de la política ambiental en los próximos meses.
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