Daniela Díaz
En un acto sin precedentes, el Gobierno de México desveló un caso de corrupción en la Secretaría de la Marina, desde la cual se operó una red de tráfico ilegal de combustible a gran escala. El caso pone en jaque a la que, según autoridades y la opinión pública, sería uno de los cuerpos de seguridad con mayor nivel de confianza entre la ciudadanía.
El pasado 6 de septiembre, la Administración de Claudia Sheinbaum dio a conocer el arresto de 14 personas, entre ellas directivos de empresas, servidores públicos y marinos, quienes estarían involucrados en las pesquisas sobre 10 millones de litros de combustible que fueron incautados en marzo pasado en Tampico, Tamaulipas (noreste).
Entre los implicados figuran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y su hermano, el contralmirante Fernando, sobrinos del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien denunció presuntos actos ilícitos dentro de la dependencia federal.
La madrugada de este 9 de septiembre, un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto y nueve personas más, quienes, de acuerdo con las investigaciones, tan solo en los últimos dos años, estuvieron presuntamente implicados en el desembarque de 31 buques en las Aduanas de Altamira y Tampico, con los cuales se cometió “huachicol fiscal”, término que se utiliza para definir a la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos.
Asimismo, de acuerdo con el diario mexicano Reforma, el cual tuvo acceso a un reporte de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR), se identificó al capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz, no sólo como operador clave de la red de huachicol fiscal en aduanas, sino también como presunto “rey del fentanilo”. Sobre el marino pesa una orden de aprehensión; sin embargo, permanece prófugo.
El mismo diario dio a conocer recientemente que el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en noviembre de 2024, estaría vinculado con la red de contrabando, pues fue este marino quien denunció los ilícitos de los hermanos Farías Laguna.
“Un golpe durísimo” a la política de seguridad
En entrevista con Sputnik, el director del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. (Colmex), Rodrigo Peña, señaló que este caso es “un golpe durísimo a varias esferas y varias dimensiones” de la política de seguridad del país.
“En primer lugar es un golpe a la narrativa de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles, y junto con eso también hay un golpe durísimo a la decisión política de la Administración de Andrés Manuel López Obrador”, sentenció el doctor por el Instituto de Historia de la Universidad de Leiden.
Y es que, abundó, la gran apuesta del sexenio pasado en materia de seguridad se basó en buena medida en la presunción de que las Fuerzas Armadas no eran corruptas y se les dieron más atribuciones. Por ejemplo, la Secretaría de Marina pasó a tener el control de las aduanas y los puertos, dos elementos esenciales para la operación de la red recientemente descubierta.
Peña abundó que este caso no necesariamente significa una ruptura política entre Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, sino, previó, es un cambio de rumbo. “Hay un distanciamiento en las formas de reconocer de dónde pueden venir los actos los actos ilegalidad”, dijo.”Se les dio un poder casi inmaculado”
El consultor en materia de seguridad Alberto Guerrero Baena dijo en charla con este medio que, durante el Gobierno pasado, se le dio un gran poder a las Fuerzas Armadas, lo que podría haber generado diversos actos de corrupción desde dichas instituciones y que son difíciles de detectar por la falta de transparencia.
“Se les dio un poder bastante fuerte y casi inmaculado a las Fuerzas Armadas en general (…). Hay demasiados casos que se han dado en torno a este tema. Hoy se destapa lo del huachicol, pero hay una serie de omisiones de auditoría que se tendrían que hacer en la Marina, sobre todo en el tema de las aduanas”, señala.
De acuerdo con el analista, es innegable que la desarticulación de esta red es un logro para la actual Administración de Sheinbaum, que ha dado el primer paso para un posible cambio de política en cuanto al poder otorgado a las instituciones, apunta. Sin embargo, dice, es muy probable que la investigación no se profundice aún más a pesar de que la corrupción dentro de la Semar parece ser estructural.
Sobre el caso, presidenta Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad para ninguna persona que resulte involucrada.
“Cuando se encuentra una situación que es evidente en un tramado de corrupción de ilícitos, lo que hay que hacer es tener a todos aquellos que estén involucrados (…). Cero impunidad, tope hasta donde tope”, dijo la mandataria en conferencia de prensa este 8 de septiembre.”Falta un trabajo de autocrítica”
Para Rodrigo Peña, la Marina debe hacer “un trabajo de autocrítica” al interior de la institución, la cual, de acuerdo con la última encuesta sobre Victimización y Percepción de la Seguridad realizada por el Inegi, es en la que más confían los mexicanos.
“[La Marina] tendrá que enfrentar de manera explícita el golpe en la reputación”, aseveró. Y es que, explica el analista, fue la reputación de la institución la que generó que se les dieran mayores atribuciones, así como incluso el nivel de profesionalización de sus integrantes.
“Tienen en centros estudios superiores navales, tienen estudios de posgrado en seguridad nacional, es un programa razonablemente y decente; además los trabajos de inteligencia de Marina que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos”, abundó.
Para el experto, este caso “es un punto de no retorno en el reconocimiento de las redes de criminalidad” y esto, señaló, es un rasgo positivo que va a tener costos políticos. Sputnik
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