Para cerrar el paso a quienes tengan antecedentes de violencia y aspiren a un cargo público, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado que incorpora los lineamientos del llamado “8 de 8 contra la violencia”.
La propuesta busca garantizar que quienes participen en procesos electorales cumplan con estándares éticos y legales, tomando como base las reglas impulsadas por el Instituto Nacional Electoral. Pámanes explicó que esta iniciativa pretende que Nuevo León integre en su legislación los criterios que el INE aplicó en la reciente elección del Poder Judicial.
“Presento iniciativa de reforma a la Ley Electoral para incluir lo que llamamos ‘la 8 de 8’”, señaló la legisladora. “Estos lineamientos, que el INE puso en práctica dentro del proceso de elección del Poder Judicial, nosotros estamos proponiendo que se establezcan dentro de nuestra Ley Electoral”.
La diputada detalló que la modificación abarca los artículos 1, 22, 37, 88, 97, 106, 143 Bis, 143 Bis 1, 144 y 277 de la normativa, siendo el artículo 144 el que establecerá los requisitos para que las y los candidatos acrediten el cumplimiento de la “8 de 8”.
“El objetivo es evitar que personas que hayan ejercido algún tipo de violencia o que tengan señalamientos por delitos relacionados con ello, puedan ser candidatos a puestos de elección popular”, subrayó.
Pámanes destacó que el mecanismo no solo protege la integridad de las mujeres en el ámbito político, sino que también refuerza la confianza ciudadana en los procesos electorales. “Nos adelantamos un poco sobre esto porque, aunque fueron lineamientos del INE, el propio instituto ha pedido que los estados los incorporen en su legislación”, dijo.
De aprobarse, la reforma obligaría a los partidos políticos y a las autoridades electorales estatales a prevenir y atender la violencia política en razón de género, además de promover la paridad, la educación cívica y el respeto a los derechos humanos.
Con esta iniciativa, Pámanes busca que para el proceso electoral de 2027 ya esté en vigor el “8 de 8”, cerrando la puerta a quienes hayan incurrido en violencia familiar, delitos sexuales, políticos o sean deudores alimentarios. “Queremos evitar que cualquier persona en esta situación pueda ser registrada por un partido y prevenir así que lleguen a posiciones de poder quienes no respetan la integridad y la dignidad de las mujeres”, concluyó.
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