Un país al filo: Nuevo León pelea por su presupuesto, Morena apunta contra los templos y Salinas Pliego encara su tormenta
Mientras Nuevo León intenta asegurar los recursos que definirán su rumbo en 2026, en la Ciudad de México se cocina un intento de silenciamiento que amenaza con tensar aún más la relación entre el poder y los cultos religiosos. Y al mismo tiempo, uno de los empresarios más influyentes del país enfrenta la que podría ser la batalla legal más costosa de su vida.
En el norte, el Gobierno de Nuevo León se prepara para una reunión decisiva que marcará si los proyectos clave del próximo año avanzan o se quedan atrapados en pleitos políticos. El Secretario General de Gobierno lo dijo sin rodeos: “la aprobación del presupuesto anterior nos dejó una gran lección: si queremos que a Nuevo León le siga yendo mucho mejor, debemos tener un presupuesto aprobado”. Lo que está en juego no es menor: seguridad, movilidad, infraestructura social y el ritmo que se necesita para llegar sin tropiezos al Mundial de la FIFA. Con las nuevas líneas del Metro, los parques, los hospitales y la inversión pública que mantiene al estado a la cabeza del país, la urgencia es evidente. “Espero que el presupuesto de este año no sea ningún problema”, advirtió al confiar en que el Congreso mantendrá “una buena relación” y la disposición para aprobarlo en tiempo y forma.
Sin embargo, mientras en Nuevo León se habla de continuidad y responsabilidad, en la arena federal Morena abrió un debate explosivo. La propuesta para que la Secretaría de Gobernación supervise lo que sacerdotes, pastores y obispos publican en internet levantó alertas dentro y fuera de los templos. El diputado Arturo Ávila Anaya lo justificó como un mecanismo para “evitar discursos de odio”, pero el trasfondo inquieta: se trata de regular la voz religiosa en el espacio digital bajo la bandera de la “neutralidad”. El intento de modificar la Ley de Asociaciones Religiosas llega en un momento en el que el país vive tensiones acumuladas, y la sospecha es inevitable: más que proteger a la ciudadanía, parece un intento de controlar el mensaje espiritual en tiempos de polarización política.
Y como si el clima no estuviera ya lo suficientemente crispado, una tormenta de miles de millones se cierne sobre Ricardo Salinas Pliego. Los expedientes que se acumulan en la Suprema Corte superan cifras que no se ven ni en sectores completos de la economía. En un solo juicio, el monto asciende a 33 mil millones de pesos. Las cuentas completas, producto de nueve casos distintos, rebasan incluso lo pagado al SAT por toda la industria minera en un año. La nueva integración de la Corte tendrá entre sus primeras decisiones un tema que marcará precedente: los amparos con los que el empresario intenta frenar juicios por ISR, recargos y actualizaciones.
El magnate intentó detener la discusión el 4 de noviembre, argumentando que el SAT debe resolver antes una solicitud de ajuste presentada el 17 de octubre. Pero la Corte fue contundente al negar la suspensión, señalando que no existe facultad legal del ministro presidente para frenar el curso de los juicios. Ni siquiera el acuse de recibo presentado por Elektra fue suficiente para respaldar la petición.
La escalada continúa. Grupo Salinas anunció que evalúa una demanda contra el SAT por “su doloso silencio administrativo” y advirtió que la demora de los casos es responsabilidad directa de funcionarios federales. El reclamo no es menor: exigen que se cuantifiquen nuevamente los créditos fiscales “sin doble cobro y eliminando los exorbitantes recargos” para proceder a liquidarlos. (Con información este último tema del Sol de México).
