Para frenar la omisión en la detección de problemas emocionales en la infancia, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame presentó una iniciativa que busca convertir los tamizajes psicológicos en un requisito obligatorio al inicio y final de cada ciclo escolar en todos los planteles de educación básica, públicos y privados.
La propuesta reforma la Ley de Salud Mental del Estado y pretende que estas evaluaciones dejen de depender de la voluntad de cada escuela. El planteamiento es puntual: sin tamizaje aplicado, el ciclo escolar no podrá cerrarse administrativamente y los alumnos no podrán avanzar de grado.
Montalvo Adame subrayó que la mitad de los trastornos de salud mental aparecen antes de los 14 años, pero la mayoría pasa desapercibida. Aseguró que mientras el sistema educativo se concentra en calificaciones, se dejan de lado señales como aislamiento, tristeza profunda o cambios bruscos de conducta que podrían anticipar una crisis emocional.
La reforma, inspirada en prácticas internacionales y sustentada en evidencia científica, obliga a que especialistas de las Secretarías de Salud o Educación realicen directamente estas evaluaciones. En caso de detectar riesgos, los padres o tutores serán notificados y contarán con un plazo de 10 días hábiles para acreditar que el menor recibió atención; de lo contrario, la autoridad educativa deberá informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La legisladora destacó que la intención no es estigmatizar, sino proteger. Recordó que diversos indicadores nacionales muestran un crecimiento preocupante en ideas suicidas entre adolescentes y recalcó que la intervención temprana es más humana y menos costosa para las familias y para el Estado.
Señaló además que países como España y Chile ya contemplan mecanismos similares para garantizar la atención oportuna. En el caso de Nuevo León, dijo, la medida es urgente ante los altos niveles de estrés y violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa se enfoca en tres modificaciones centrales: reconocer el tamizaje como un derecho dentro del proceso educativo, obligar su aplicación al inicio y cierre del ciclo escolar y vincularlo como requisito administrativo para que las escuelas puedan concluir oficialmente el año académico.
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