En el Día de las Personas Migrantes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en coordinación con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó los resultados de un monitoreo que revela con claridad los retos, carencias y vulnerabilidades que enfrenta la población migrante durante su paso y permanencia en el estado.
El ejercicio se llevó a cabo en diversos espacios de atención, entre ellos la Estación Migratoria del INM, el área estatal especializada en población migrante, refugiada, desplazada y retornada, el albergue del DIF en Zuazua para niñas, niños y adolescentes acompañados, así como las casas de atención Casa INDI, Casanicolás y Casa Monarca. A partir de 130 entrevistas se trazó un panorama que, más que cifras, expone la urgencia de fortalecer mecanismos de protección reales y accesibles.
El levantamiento confirma la diversidad de la población migrante que llega a Nuevo León. Predominan personas originarias de Honduras, Venezuela, Haití y Cuba. La presencia de población afrodescendiente, personas pertenecientes a pueblos indígenas y hablantes de lenguas originarias evidencia la necesidad de enfoques de atención diferenciados y servicios culturalmente pertinentes. La composición sociodemográfica es variada: hombres y mujeres en proporciones similares, mayoría soltera y con niveles educativos que van desde primaria hasta estudios universitarios, desmitificando la idea de que la migración responde únicamente a carencias económicas o académicas.
Uno de los hallazgos que más preocupa es la presencia de niñas, niños y adolescentes. Aunque gran parte de las personas viaja sola, un número significativo lo hace con hijas e hijos, incluidos menores de apenas uno o dos años de edad. Esta condición multiplica riesgos y demanda intervenciones específicas tanto para menores no acompañados como para familias enteras que avanzan por rutas marcadas por la incertidumbre.
El monitoreo también identificó personas con discapacidad, principalmente física, pero también auditiva y visual. Estas condiciones, combinadas con la precariedad del viaje, incrementan la exposición a actos de discriminación y abuso.
Antes de salir de su país, muchas de las personas encuestadas se dedicaban al comercio o al sector servicios. Las razones de su desplazamiento incluyen persecución, búsqueda de mejores ingresos, presencia del crimen organizado, falta de empleo y violencia generalizada. Más de cuarenta personas dijeron haber sido víctimas de desplazamiento interno forzado antes de emprender la ruta migratoria, lo que confirma que una parte importante de estos flujos tiene un carácter obligado.
Para la mayoría, era la primera vez que abandonaban su país. La decisión sobre la ruta y el cruce a México se tomó con información proveniente de familiares o redes sociales, lo que refleja una planificación marcada por la falta de orientación formal. El ingreso al territorio mexicano se dio principalmente a pie, seguido de traslados en vehículo, avión o incluso balsa, lo que confirma la precariedad del trayecto y la exposición constante a riesgos.
México continúa siendo visto como un país de destino más que de tránsito, especialmente para quienes ya no contemplan llegar a Estados Unidos. En Nuevo León, muchas personas expresaron tener una estancia indefinida o definitiva. Al mismo tiempo, otras se mantienen a la espera de trámites o valoran la posibilidad de regresar a su país de origen.
El desconocimiento de los derechos humanos es evidente. Solo unas cuantas personas dijeron conocer bien sus derechos, y un número mínimo presentó denuncias cuando sufrió un delito o una agresión. El miedo, la desconfianza y la urgencia por continuar el trayecto explican en buena medida la falta de denuncias. Aún más preocupante es que apenas un puñado recibió orientación legal o acompañamiento para acceder a la justicia.
La violencia es uno de los puntos más alarmantes del monitoreo. Las personas encuestadas dijeron haber presenciado robos, secuestros y detenciones arbitrarias, y la mitad aseguró haber sido víctima de algún abuso o delito durante su paso por el país. Entre las personas señaladas como responsables aparecen autoridades, integrantes del crimen organizado y particulares, lo que confirma la vulnerabilidad generalizada.
El informe concluye que este tipo de ejercicios permite no solo documentar riesgos, sino comprender la dimensión del reto. Muchas de las personas entrevistadas desean vivir en México y construir un proyecto de vida en el país. Bajo este escenario, la CEDHNL plantea la necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen derechos, generen rutas seguras, provean información confiable, aseguren acceso efectivo a la justicia y protejan a una población que, por su condición, enfrenta condiciones extremas de precariedad y abuso.
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