El arranque del año llegó con un choque institucional inesperado: la decisión del Ejecutivo de aplicar una reconducción presupuestal que, según la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, Lorena de la Garza, carece de fundamento legal y deja en terreno inestable la operación financiera del estado.
La legisladora recordó que el Congreso aprobó para 2026 un presupuesto superior a los 160 mil millones de pesos, el más alto registrado en Nuevo León y producto de un ejercicio que incluyó mesas técnicas y diálogo con cámaras empresariales, asociaciones civiles, organismos autónomos, alcaldes y representantes del propio Gobierno estatal. Aun con ese proceso, la publicación oficial nunca llegó. “El Gobernador tenía dos opciones claras: publicar el presupuesto aprobado o enviar observaciones al Congreso. No hizo ninguna. Imponer la reconducción es brincar la ley”, afirmó.
La falta de publicación no solo compromete el gasto estatal. También deja en incertidumbre jurídica a los municipios, que dependen de los valores catastrales para el cobro del predial y de reglas claras para quienes adquirieron propiedades bajo los criterios vigentes. A ello se suma la ausencia de la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria, clave para que los municipios accedan a mayores recursos federales.
Ante este escenario, De la Garza advirtió que el Congreso recurrirá a las instancias jurisdiccionales necesarias para hacer valer el proceso constitucional. En su mensaje final, la legisladora sostuvo que el presupuesto no pertenece a un poder en particular, sino a la ciudadanía que depende de él para sostener el funcionamiento del estado.
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