La diputada de Morena, Grecia Benavides, presentó un exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente explique los motivos de la eliminación del sistema de alertas ambientales y detalle cómo protege actualmente la salud de la población frente a episodios de mala calidad del aire.
Benavides subrayó que el derecho a respirar aire limpio es un asunto de salud pública y no un lujo: “Respirar no es un lujo. Es un derecho que el Estado debe garantizar”, afirmó. La legisladora advirtió que, en los últimos meses, el Gobierno del Estado suspendió el sistema de alertas ambientales sin establecer un mecanismo alternativo que informe de manera clara y oportuna cuando la calidad del aire representa un riesgo.
Durante su intervención, la diputada mostró que la aplicación oficial para monitoreo ambiental no funciona desde octubre de 2024 y lleva más de un año sin actualizarse. “Esa es la seriedad con la que están tratando un tema que afecta directamente la salud de miles de familias en la zona metropolitana”, señaló.
El exhorto presentado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado solicita que la Secretaría de Medio Ambiente: explique las razones técnicas y legales para la suspensión del sistema de alertas, detalle cómo ha operado el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas en episodios recientes y proporcione información actualizada sobre los daños a la salud derivados de la contaminación.
Benavides recordó que la legislación ambiental establece la obligación de contar con mecanismos de respuesta ante contingencias atmosféricas, incluyendo sistemas de información y alerta que protejan a la población. A su vez, cuestionó que mientras el Gobierno presume la siembra de un millón de árboles con programas como “Reforestación Extrema”, la ciudadanía permanece sin alertas claras durante las contingencias ambientales.
Además, la legisladora señaló que han surgido señalamientos sobre presiones y solicitudes de pagos a empresas contaminantes, generando dudas sobre si la política ambiental realmente protege la salud pública o si se utiliza con fines recaudatorios. “La política ambiental no puede ser un discurso ni un mecanismo de presión. Debe servir primero para proteger la salud de la población, porque el derecho a la salud no es negociable”, concluyó.
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