A pesar de que el procedimiento legislativo establece que, una vez superado un veto, el Ejecutivo debe publicar el decreto correspondiente, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, vetó por segunda ocasión las reformas a la Ley de Movilidad que contemplaban la inclusión de tarifas sociales en el transporte público.
Fue alrededor de las 14:30 horas cuando Mauricio Treviño, integrante de la Consejería Jurídica del Gobernador, acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León para entregar formalmente las observaciones del Ejecutivo estatal.
De acuerdo con el gobierno estatal, la propuesta aprobada por mayoría en el Congreso no se ajusta a la realidad financiera y generaría un impacto presupuestal que comprometería las finanzas públicas.
El decreto había sido nuevamente avalado por los diputados como respuesta a un primer veto del Ejecutivo, por lo que, conforme al procedimiento constitucional, la administración estatal estaba obligada a publicarlo en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.
Sin embargo, lejos de proceder a su publicación, el mandatario decidió emitir un nuevo veto, acción que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad. Especialistas han señalado que, en caso de inconformidad, el Ejecutivo podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una controversia constitucional, pero no repetir el veto.
Las modificaciones a la Ley de Movilidad contemplaban la aprobación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables, una tarifa única de trasbordo en el transporte público, la posibilidad de adquirir pases multiviaje y subsidios dirigidos a personas con discapacidad.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, argumentó que el decreto no se publicó debido a presuntas irregularidades y vicios en el proceso legislativo, además de considerar las medidas como “redundantes”.
Tras la recepción del documento, la Oficialía de Partes turnará las observaciones a la Mesa Directiva del Congreso para que el pleno le dé el trámite correspondiente, lo que implica enviarlo a la Comisión de Movilidad para su análisis.
El nuevo veto abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno a la política tarifaria del transporte público en Nuevo León.
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