La guerra que se discute sin México
Algo no cuadra en la nueva narrativa de seguridad que impulsa Washington en el continente. Mientras el Pentágono convocó a 16 líderes de defensa de América Latina y el Caribe para formalizar una estrategia regional contra el narcotráfico, el país que comparte más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos simplemente no apareció en la mesa. México, el principal socio comercial de Washington y uno de los territorios donde el fenómeno del narcotráfico tiene mayor impacto, quedó fuera de la reunión donde precisamente se habló de combatirlo.
La escena resulta difícil de ignorar. Por un lado, el Gobierno mexicano presume resultados contundentes: decomisos históricos de fentanilo, el aseguramiento de más de 20 mil armas de fuego —la mayoría provenientes de Estados Unidos— y la entrega de más de 90 jefes del crimen organizado a tribunales estadounidenses. Incluso se menciona el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los objetivos más buscados por la DEA.
Sin embargo, cuando el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmó la Declaración de Seguridad de la Conferencia Anticárteles de las Américas, México no estuvo entre los países convocados. El mensaje que acompañó el anuncio tampoco pasó desapercibido: “EEUU está listo para pasar a la ofensiva [contra los cárteles] por su propia cuenta”.
En el lenguaje diplomático esa frase tiene un peso específico. Sugiere que Washington está dispuesto a actuar incluso sin el consentimiento de los gobiernos involucrados. No sería la primera vez que Estados Unidos justifica una acción unilateral bajo el argumento de la seguridad regional.
La exclusión de México abre más preguntas que respuestas. Si el país es considerado pieza clave dentro de la estrategia hemisférica contra el narcotráfico, ¿por qué quedó fuera de la reunión? Algunas lecturas apuntan a un distanciamiento político; otras van más allá y sugieren que en ciertos círculos de poder en Washington comienza a instalarse la idea de que México forma parte de un incómodo mapa donde los gobiernos mantienen relaciones ambiguas con el crimen organizado.
Las sospechas no surgen en el vacío. En los últimos años han circulado acusaciones y señalamientos que vinculan a funcionarios y actores políticos con estructuras criminales. En ese contexto, la ausencia mexicana en una cumbre de seguridad deja de parecer un simple descuido diplomático.
Mientras tanto, el escenario internacional se mueve en otra dirección. Estados Unidos e Israel han vuelto a colocar en el centro del debate el programa nuclear de Irán. Las operaciones militares denominadas “Furia Épica” y “Rugido del León” fueron presentadas como acciones preventivas frente al riesgo de que Teherán desarrolle armas nucleares.
Desde hace más de tres décadas Israel sostiene que Irán representa una amenaza atómica potencial. La tensión se intensificó después de que Washington abandonara en 2018 el acuerdo internacional que limitaba el programa nuclear iraní. Desde entonces, el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán ha vuelto a despertar sospechas sobre posibles fines militares.
Inspectores internacionales han detectado niveles de enriquecimiento cercanos al umbral que permitiría fabricar armas nucleares y la llamada “ventana de ruptura” se ha reducido significativamente. Con esos argumentos, Washington y Tel Aviv insisten en que la intervención militar responde a una amenaza latente.
Pero mientras las grandes potencias discuten sobre uranio, misiles y equilibrio estratégico, México sigue enfrentando su propia realidad interna marcada por la violencia criminal.
Un ejemplo reciente es el predio conocido como Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Durante semanas circularon versiones que lo señalaban como un supuesto sitio de exterminio. La investigación de la Fiscalía General de la República terminó revelando otro panorama: el lugar funcionaba como un centro de adiestramiento.
De acuerdo con las autoridades, en el predio se realizaban prácticas de tiro, ejercicios físicos y simulaciones tácticas en un área acondicionada como “casa táctica”. Las investigaciones también indican que en ese sitio se reclutaba de manera forzada a personas que eran despojadas de sus pertenencias para integrarlas a dinámicas de entrenamiento.
En el procesamiento del terreno se localizaron fragmentos de restos óseos y diversos indicios balísticos que actualmente son analizados en laboratorios forenses. Hasta ahora el avance de las diligencias supera el 64 por ciento y se ha obtenido un perfil genético masculino que aún no ha podido ser identificado.
El caso ha dejado 47 personas detenidas y mantiene abiertas diversas órdenes de aprehensión mientras continúan las investigaciones. La Fiscalía sostiene que el trabajo pericial es solo una parte de las indagatorias y que las líneas de investigación siguen en desarrollo.
En medio de este panorama, México observa cómo se diseñan estrategias internacionales de seguridad sin su participación directa. Y aunque el discurso oficial presume cooperación y resultados, la realidad política parece contar otra historia. Cuando el vecino más poderoso decide discutir la guerra contra el narcotráfico sin invitar al país que comparte la frontera más transitada del mundo, la señal difícilmente puede interpretarse como un gesto menor.
