Ciudad de México.– Luego de la ola de violencia registrada en al menos 20 estados del país el pasado 22 de febrero, tras el operativo realizado en Jalisco para detener al líder de una organización criminal, el diputado federal Rubén Moreira Valdez exigió que las autoridades federales y los organismos del sector financiero garanticen respaldo real a las víctimas que resultaron afectadas por los hechos.
El legislador priista advirtió que cientos de ciudadanos enfrentan no solo la pérdida de su patrimonio, derivada de la toma ilegal de vehículos, la quema de comercios y los bloqueos carreteros, sino también obstáculos administrativos y burocráticos que podrían impedirles recuperar sus bienes mediante las aseguradoras.
Ante este escenario, Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a los organismos supervisores del sector asegurador que implementen mecanismos de acompañamiento efectivo para las personas que perdieron bienes muebles e inmuebles durante los actos violentos.
El legislador también pidió a la Secretaría de Economía, así como a autoridades estatales y municipales, diseñar un programa emergente de apoyo dirigido a pequeños comercios y negocios locales que resultaron afectados por los disturbios, priorizando a micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan pérdidas económicas derivadas de una crisis de seguridad que no provocaron.
Asimismo, planteó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (ISSSTE), para que otorguen prórrogas temporales y suspendan el cobro de contribuciones a personas físicas con actividad empresarial y compañías impactadas por los hechos.
El exgobernador de Coahuila también solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de las entidades afectadas agilicen las investigaciones correspondientes, ya que sin la documentación oficial las víctimas no podrán sustentar las reclamaciones ante las aseguradoras.
Moreira Valdez sostuvo que el Estado mexicano no puede limitarse a celebrar la detención o neutralización de objetivos prioritarios del crimen organizado sin asumir las consecuencias sociales y económicas que generan las reacciones violentas de estos grupos.
Afirmó que la seguridad pública no debe evaluarse únicamente por las capturas de líderes criminales, sino también por la capacidad institucional de proteger el patrimonio y la estabilidad de las familias que quedan atrapadas en la violencia.
“No es aceptable que quienes fueron víctimas de despojo violento enfrenten ahora una segunda batalla, en el ámbito administrativo y asegurador, para recuperar lo que legítimamente contrataron y pagaron”, señaló.
El legislador agregó que la excepcionalidad reconocida por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros confirma que se trata de un fenómeno extraordinario, por lo que consideró que la respuesta del Estado también debe ser extraordinaria.
Finalmente, subrayó que se requiere supervisión efectiva, acompañamiento institucional y certeza jurídica para evitar que las víctimas queden desprotegidas ante interpretaciones restrictivas o reclasificaciones técnicas que favorezcan a las aseguradoras.
