En un contexto marcado por el encarecimiento de la atención médica y el aumento sostenido en las primas de aseguramiento, la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del PRI, presentó una iniciativa que apunta a poner límites a las aseguradoras y fortalecer la protección de los usuarios, particularmente de las personas adultas mayores.
La propuesta, que ya fue enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea modificar la Ley sobre el Contrato de Seguro para establecer reglas más claras en el incremento de costos, así como garantizar derechos clave para quienes cuentan con pólizas de gastos médicos mayores.
Entre los puntos centrales se encuentra la intención de impedir aumentos desproporcionados en las primas. De acuerdo con el planteamiento, las aseguradoras no podrán elevar los costos por encima del porcentaje anual que determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tomando en cuenta variables como la inflación médica, criterios actuariales y la viabilidad del sector.
Otro de los ejes de la iniciativa es la portabilidad de antigüedad, un tema que durante años ha generado inconformidades entre los usuarios. La propuesta busca que, al cambiar de aseguradora, las personas no pierdan los beneficios acumulados, obligando a la nueva compañía a reconocer el historial previo en aspectos como periodos de espera y enfermedades preexistentes.
Asimismo, se pretende cerrar la puerta a la cancelación unilateral de pólizas en el caso de adultos mayores, una práctica que ha dejado a muchos sin cobertura en etapas críticas de su vida. La iniciativa establece que únicamente podrá suspenderse el contrato en casos comprobados de fraude o falta de pago.
En la argumentación, la legisladora subraya que los seguros representan una herramienta esencial para proteger el patrimonio familiar frente a eventualidades como enfermedades o accidentes, evitando que estos eventos deriven en crisis económicas. Sin embargo, advierte que el aumento en los costos ha comenzado a rebasar la capacidad de pago de amplios sectores.
Datos expuestos en el documento señalan que durante 2024 el sector asegurador alcanzó a 13.9 millones de personas con coberturas de accidentes y enfermedades, en un entorno donde los servicios de salud se han encarecido de manera acelerada. Este fenómeno ha provocado incrementos anuales en las primas que oscilan entre el 22 y el 26 por ciento.
La situación se agrava para los adultos mayores, quienes enfrentan ajustes adicionales por edad que pueden elevar los costos hasta en un 40 por ciento, colocándolos en una posición vulnerable, especialmente si viven con enfermedades crónicas o ingresos limitados.
Finalmente, la iniciativa también pone sobre la mesa un problema cultural y económico: la baja penetración de los seguros en México. Factores como la informalidad laboral, la inestabilidad de ingresos y la percepción de que no son necesarios han frenado su contratación, lo que, a decir de la diputada, hace aún más urgente fortalecer la regulación para garantizar condiciones más justas y accesibles en el sistema asegurador.
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