La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que forma parte del denominado “Plan B” en materia de austeridad, paridad y control del gasto público, luego de ser avalada por la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que tras el cómputo de votos de 19 legislaturas locales se concretó la validación de las modificaciones a los artículos 115 y 116, así como la adición de un párrafo al artículo 134 de la Constitución.
Entre los cambios más relevantes, se establece que los ayuntamientos deberán integrarse bajo principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género, reforzando la participación equitativa en el ámbito municipal.
Asimismo, como parte de este “Plan B”, se fija un límite al presupuesto de los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del gasto estatal, además de obligar a que su integración respete criterios de equidad de género.
En materia de austeridad, la reforma incorpora restricciones a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán percibir ingresos por encima de lo establecido en la Constitución ni acceder a prestaciones adicionales como seguros privados o beneficios no contemplados en la ley.
También se contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado de la República, con el objetivo de alcanzar una disminución del 15 por ciento en términos reales en un plazo de cuatro años, sin afectar los derechos laborales del personal.
De igual forma, el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales deberán ajustar sus normativas y presupuestos para cumplir con los nuevos lineamientos.
En este contexto, el decreto establece como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen su marco jurídico conforme a la reforma.
Con este avance, el llamado “Plan B” busca consolidar un modelo de mayor disciplina presupuestaria, fortalecer la equidad en la integración de los órganos de gobierno y limitar privilegios dentro de las instituciones públicas.
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