Víctor Flores García
Ciudad de México.- El caso de México llegará a la deliberación de la Asamblea General de ONU en septiembre próximo, como acordó el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas (CED, en inglés), afirmó el expresidente de ese organismo, Santiago Corcuera, en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik.
“El caso, inevitablemente, va a llegar a la Asamblea General de la ONU, ya está en la oficina del secretario general, António Guterres, eso es lo que se viene hacia el futuro”, dijo el defensor de víctimas de abusos, quien integró el CED de 2013 a 2017, y lo presidió los últimos dos años de ese periodo.
Acerca de los fundamentos de la inédita decisión del CED, que somete el caso de un Estado miembro a la deliberación de la Asamblea General por primera vez desde su creación en 2010, el jurista señala que están en el artículo 34 de la Convención Internacional -que ha sido ratificada por México- para la protección de todas las personas contra las desapariciones, que da vida al Comité.
“El CED es un órgano creado por esa Convención, que tiene como función vigilar su cumplimiento por los Estados que son partes de la Convención”, explica el expresidente del organismo.
En efecto, ese artículo autoriza al Comité a tomar esa decisión cuando considere que en un determinado Estado parte de la Convención existen “indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático”.
“El Comité puede considerar llevar el asunto, de manera urgente, a la atención de la Asamblea General de la ONU por conducto del secretario general, António Guterres, es el fundamento de la decisión”, enfatiza el experimentado defensor de derechos humanos.
El también ex presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2006-2009) afirma que, además de fundamento jurídico, la decisión de elevar el caso al máximo órgano deliberativo mundial “está motivada por la información que ha venido recopilando desde el año desde hace 14 años hasta la fecha”.
El entrevistado considera que “esta situación llega a tal grado de gravedad, que existen indicios bien fundados, a juicio del Comité, para poder concluir que pudieran haberse cometido y seguirse cometiendo crímenes de lesa humanidad” en el país norteamericano.
SINGULARIDAD DE MÉXICO
El Gobierno de México sostiene que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado, y calificó el paso que adoptó el Comité como “tendencioso, parcial y sesgado”.
La entidad de la ONU respondió que en algunos de los casos denunciados “ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
A la luz de otras crisis mundiales en materia de desaparición forzada, Corcuera analiza la singularidad del caso mexicano que condujo al CED a adoptar esa decisión histórica.
“En comparación con Argentina, Chile, Brasil -o incluso en México durante la década de los setenta-, las características de las desapariciones que se cometen desde años recientes en territorio mexicano están relacionadas con la situación de inseguridad y la existencia de grupos criminales”, contrasta el jurista.
Esas organizaciones de la delincuencia cometen diversos crímenes, incluyendo desapariciones cometidas por particulares.
“Otra característica singular es que México pudiera parecerse a la situación de Colombia en algún momento, cuando había connivencia entre grupos paramilitares y fuerzas del orden oficiales”, compara el especialista.
En México, el organismo de la ONU sostiene que muchas de las desapariciones son cometidas por agentes delincuenciales “con connivencia, contubernio o complicidad, que denomina aquiescencia de agentes gubernamentales, de cualquier sector o nivel”.
No obstante, el Comité aclaró que no existe en este país una política federal que ordene desaparecer personas.
Pero el extitular del CED hace una advertencia: “Lo que sí encontró fueron patrones de sistematicidad en la comisión de esta práctica, a otros niveles y sectores del país, tanto gubernamentales, como del crimen organizado”.
El hecho que convierte las desapariciones en forzadas es que “en muchísimas ocasiones los perpetradores actúan con autorización, apoyo o con aquiescencia de agentes estatales”, sostiene el también académico en derecho en la jesuita Universidad Iberoamericana.
Lamenta también que en México no existan cifras oficiales del total de personas que han sufrido desaparición por agentes del Estado, a pesar de los numerosos casos elevados a instancias nacionales e internacionales.
UNA CIFRA QUE CRECE
“Tenemos más de 130.000 personas desaparecidas oficialmente reconocidas, a pesar de los esfuerzos de rectificación recientes, y en este cúmulo de desapariciones de personas del registro oficial podríamos tener un subregistro importante”, explica el experto.
Por su parte, el CED expresa su preocupación sobre cifras oficiales que reportan unos 72.000 restos humanos sin identificar a comienzos de 2026, en comparación con 52.000 en el momento de la visita del Comité en 2021.
Por ejemplo, Corcuera apunta que la nueva reclasificación que hizo el Gobierno, a finales de marzo, “no tiene ninguna base legal, pero la hizo para efectos metodológicos y de difusión”.
En efecto, el Gobierno esgrime que en el registro de personas desaparecidas y no localizadas, solamente unos 40.000 casos, un 30 por ciento del total, no reportan ninguna actividad posterior a la denuncia: “por tanto, están desaparecidos propiamente”.
Esta reclasificación no tiene cabida en la Ley sobre Desapariciones mexicana, en su artículo 110, indica quien también fue consejero del Sistema Nacional de Búsqueda (2018-2021).
El único rubro que tiene fundamento legal es el de “casos con datos insuficientes para la búsqueda o identificación”, explica quien también presidió el Comité de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2009-2010).
“Los otros dos rubros no existen en Ley: casos que reportan cierta actividad o no reportan ninguna actividad. Es una categoría que sacó el Gobierno para efectos de comunicación”, subraya.
DIPLOMACIA EN JUEGO
El defensor de víctimas analiza finalmente el impacto de la primera respuesta del Gobierno de México en su relación con el sistema internacional de derechos humanos, al calificar al CED como “tendencioso” y sin rigor técnico jurídico.
“Ese tono de respuesta no conduce nada bueno, porque simplemente hostiliza la relación”, lamenta el experto.
Sin embargo, considera que la posición oficial comienza a moderarse, con la comparecencia ante el Senado del nuevo canciller, Roberto Velasco, quien antes fue representante de México seis años en la ONU, tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente por razones de salud.
Celebra asimismo que el nuevo jefe de la diplomacia mexicana mantuvo la posición oficial de descalificar el informe, “pero ya no se dedicó a expresar adjetivos insultantes y mostró apertura a la cooperación internacional, que me parece positivo”
En ese marco, México se prepara para recibir la próxima semana una visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, el austríaco Volker Türk.
“Hay que considerar que el Alto Comisionado no es superior jerárquico del CED, que la conversación que tenga el Gobierno con él será informativa, pero no puede resolver o dar marcha atrás a la decisión del Comité ni nada de eso”, sentencia Corcuera. (Sputnik)
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