La diputada federal Leticia Barrera Maldonado advirtió que, pese a que el Gobierno Federal asegura que el programa de acopio de frijol opera con normalidad, en la práctica las cosechas no están siendo recibidas en diversos centros, particularmente en Poanas, donde se registra la menor captación.
En conferencia de prensa, la también presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria denunció que el problema es recurrente. Señaló además presuntos actos de corrupción en el sistema de Alimentación para el Bienestar, así como una marcada desatención hacia los productores, quienes enfrentan condiciones desfavorables frente a intermediarios.
Explicó que campesinos de Durango han manifestado su preocupación ante la negativa de los centros de acopio para recibir sus cosechas, situación que calificó como urgente de atender para garantizar condiciones justas en el sector.
La legisladora sostuvo que los productores continúan siendo los principales afectados por la política agropecuaria federal. A pesar de la asignación de 18 mil millones de pesos para fertilizantes, indicó que la producción agrícola mantiene una tendencia a la baja y que México ocupa el primer lugar en importación de granos.
También criticó los precios de garantía establecidos por el gobierno, al señalar que los campesinos reciben alrededor de ocho pesos por kilogramo de frijol, cantidad insuficiente para cubrir costos de producción. A ello, dijo, se suma la falta de financiamiento, seguros catastróficos y asistencia técnica.
Agregó que desde hace una década el presupuesto destinado al campo no registra incrementos reales y acusó que instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han sido debilitadas en su operación.
Durante el encuentro participó Antonio Morales, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, quien afirmó que el sistema de acopio acordado entre el Gobierno Federal y el gobernador Esteban Villegas Villarreal ha sido distorsionado por funcionarios.
Detalló que, aunque se planteó acopiar 40 mil toneladas de frijol de las 160 mil producidas en la entidad, los 27 centros de acopio permanecen saturados con cosechas del año pasado, debido a la falta de distribución en tiendas Diconsa y la ausencia de mecanismos de comercialización.
El dirigente acusó que el propio sistema gubernamental se ha convertido en intermediario al subastar hasta 80 mil toneladas de frijol a precios bajos, lo que impacta directamente a los productores. Ante ello, anunció que más de 300 campesinos tomarán de forma indefinida oficinas de Alimentación para el Bienestar en la Ciudad de México.
Por su parte, el diputado federal Arturo Yáñez denunció que el Gobierno continúa emitiendo discursos sin resultados concretos. Recordó que en 2024 los productores enfrentaron retrasos de hasta tres meses en pagos de Seguridad Alimentaria Mexicana, problemática que, afirmó, persiste desde 2018.
Cuestionó que, pese a anunciar precios de garantía atractivos, la capacidad de almacenamiento es limitada, lo que impide que los campesinos accedan a estos beneficios.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI reiteró su compromiso con los productores del país y sostuvo que el campo debe ser una prioridad nacional para garantizar la seguridad alimentaria.
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