Ciudad de México.— La discusión sobre la inclusión y atención de personas con condiciones del neurodesarrollo llegó nuevamente al Congreso, donde la diputada Lilia Aguilar Gil impulsa una propuesta para que la neurodivergencia sea considerada un tema de salubridad general, con el objetivo de garantizar atención integral desde etapas tempranas y a lo largo de la vida.
La iniciativa plantea modificar la Ley General de Salud para establecer un enfoque que contemple diagnóstico oportuno, acompañamiento especializado y protección de derechos para quienes presentan diferencias en su funcionamiento neurológico. Bajo esta perspectiva, se reconoce que existen múltiples formas de procesar la información, aprender e interactuar con el entorno.
El planteamiento describe a las personas neurodivergentes como aquellas cuyo desarrollo cognitivo se aparta de lo considerado promedio, abarcando condiciones como el espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia y otros trastornos del neurodesarrollo. Estas características pueden reflejarse en la forma en que se regula la atención, la comunicación, la percepción sensorial o la coordinación motriz.
El documento, turnado a la Comisión de Salud, advierte que esta diversidad neurológica no es excepcional, sino una realidad presente en una proporción significativa de la población. Distintos análisis estiman que entre el 10 y el 20 por ciento de las personas en el mundo presentan alguna condición de este tipo, lo que representa un reto para los sistemas de atención médica.
En el caso de México, se calcula que alrededor del 15 por ciento de la población vive con alguna forma de neurodivergencia, aunque la falta de registros oficiales consolidados impide dimensionar con precisión el fenómeno y limita el diseño de políticas públicas eficaces.
La propuesta subraya que actualmente no existe en la legislación un reconocimiento explícito de la neurodivergencia como categoría dentro del sistema de salud, lo que ha derivado en vacíos en la atención médica, así como en barreras para el acceso a la educación, el empleo y la inclusión social.
Ante este panorama, la legisladora sostiene que es necesario establecer un marco normativo que permita desarrollar estrategias de detección temprana, atención especializada y acompañamiento interdisciplinario, con el fin de mejorar las condiciones de vida de millones de personas que hoy enfrentan rezagos en el acceso a servicios básicos.
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