La posibilidad de que el Congreso asuma mayores facultades para legislar en materia de feminicidio abre una nueva ruta legal en el país, pero dista de ser una solución inmediata al problema de la violencia contra las mujeres. Así lo advirtió el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien subrayó que las reformas, por sí solas, no garantizan una disminución real de estos delitos.
Durante su participación en el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el también coordinador parlamentario del PRI puso en duda la efectividad de crear o modificar leyes sin fortalecer al mismo tiempo las instituciones encargadas de aplicarlas. Recordó que existen marcos legales en delitos como el secuestro o la extorsión que, pese a su robustez, no han logrado frenar su incidencia.
Acompañado por el economista Mario Di Costanzo y el abogado Julián Proa, el legislador insistió en que la clave está en mejorar las condiciones operativas del Estado. Señaló que contar con cuerpos policiacos mejor preparados, fiscalías eficaces, jueces capacitados y presupuestos suficientes sí incide en la reducción de los delitos, además de generar mayor confianza ciudadana.
En ese contexto, remarcó que cualquier ajuste legal debe ir acompañado de una política pública integral, con recursos claros y estrategias coordinadas. Como referencia, mencionó que en Coahuila se lograron avances en seguridad tras reforzar las capacidades institucionales y operativas de las autoridades.
Desde el ámbito jurídico, Julián Proa coincidió en que los principales obstáculos no están en la ausencia de leyes, sino en su aplicación. Señaló problemas persistentes como la impunidad, la clasificación incorrecta de los delitos y la falta de coordinación entre fiscalías, corporaciones policiacas y autoridades de distintos niveles de gobierno.
El especialista apuntó que en México prevalecen altos niveles de violencia contra las mujeres, agravados por investigaciones deficientes y una notoria desconfianza hacia las instituciones. Añadió que muchas carpetas no se integran adecuadamente y que existe una limitada capacitación para tipificar correctamente los casos como feminicidio.
De acuerdo con los datos expuestos en la conversación, en lo que va de la actual administración se han registrado cerca de mil casos de feminicidio, concentrados principalmente en entidades como Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México.
Ante este panorama, Moreira Valdez advirtió que sin una transformación estructural en la procuración de justicia y en las políticas de seguridad, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse únicamente en el discurso.
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