La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió un llamado urgente al Metrorrey y a las autoridades estatales para que refuercen de inmediato las medidas de seguridad en las obras de las nuevas líneas del Metro, ante lo que calificó como un escenario de riesgo para la vida, la integridad personal y las condiciones laborales de los trabajadores.
El exhorto se da tras una serie de incidentes registrados en los últimos años, el más reciente ocurrido el pasado 3 de mayo, cuando un trabajador perdió la vida en las obras de la Línea 6 en el municipio de Apodaca, hecho que encendió las alertas sobre las condiciones en que se desarrollan estos proyectos.
De acuerdo con la Comisión, los accidentes no son aislados. Recordó que desde el arranque de las obras en 2023 se han documentado múltiples percances, incluidos cuatro en 2024 y tres más en 2025. En lo que va de 2026, se han registrado eventos como la caída de un bloque de concreto de 2.4 toneladas sobre un vehículo que dejó personas lesionadas, el incendio de una torre de iluminación y el colapso de una plataforma en la Línea 4 que provocó lesiones a trabajadores.
La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, advirtió que la reiteración de estos hechos evidencia fallas en la supervisión y en la gestión de riesgos, señalando que la ejecución acelerada de obras no puede justificar omisiones en materia de seguridad.
El organismo subrayó que la presión por cumplir plazos, particularmente ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incrementa los riesgos si no existen controles efectivos, lo que contraviene la obligación del Estado de garantizar condiciones seguras tanto para trabajadores como para la población.
Asimismo, la Comisión recordó antecedentes internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde organismos como Amnistía Internacional documentaron riesgos laborales en proyectos de gran escala, lo que refuerza la necesidad de aplicar estándares estrictos de protección.
Ante este panorama, la CEDHNL exhortó a Metrorrey a implementar mecanismos inmediatos de supervisión en seguridad laboral, revisar protocolos de prevención de riesgos, reforzar la vigilancia sobre empresas contratistas y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.
Además, solicitó a las autoridades informar en un plazo no mayor a cinco días hábiles sobre las acciones concretas que se adoptarán, al reiterar que el desarrollo de infraestructura no puede realizarse a costa de la vida, la integridad y la dignidad de las personas.
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