La vicecoordinadora de Morena en el Congreso local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Bere Martínez, propuso abrir nuevas mesas de trabajo para analizar la reforma judicial en Nuevo León y escuchar las opiniones de especialistas, autoridades, académicos y ciudadanos antes de concretar cambios al sistema de justicia estatal.
La legisladora señaló que, tras la aprobación de la reforma judicial federal, Nuevo León enfrenta la necesidad de actualizar su marco legal para construir un sistema de justicia más cercano, eficiente y transparente.
“No se trata de imponer una reforma. Queremos escuchar todas las opiniones y construir algo que verdaderamente funcione para Nuevo León”, expresó.
Bere Martínez explicó que actualmente existen distintas propuestas impulsadas por universidades, organismos empresariales, expertos y el propio Poder Judicial, por lo que consideró indispensable generar espacios de diálogo para alcanzar consensos.
“Hoy no partimos de cero. Tenemos sobre la mesa propuestas de la academia, de organizaciones empresariales, del propio Poder Judicial y de distintos actores que han decidido participar activamente en este debate”, señaló.
La diputada morenista sostuvo que una parte importante de la ciudadanía ha perdido confianza en las instituciones de justicia, por lo que este proceso representa una oportunidad para fortalecer el sistema judicial en la entidad.
Dentro de la propuesta presentada en el Congreso del Estado se contempla la realización de mesas de trabajo en las que participen representantes de los tres poderes, organismos autónomos, especialistas, académicos y organizaciones civiles.
“Hagamos de este proceso un ejemplo de cómo sí se pueden construir acuerdos cuando se pone por delante el interés de la gente”, indicó.
La legisladora destacó que el objetivo principal es construir una reforma judicial equilibrada y responsable que responda verdaderamente a las necesidades de la población.
Además, recordó que la primera mesa de análisis sobre el tema se llevó a cabo en junio de 2025 como parte de los ejercicios impulsados desde el Poder Legislativo para revisar posibles modificaciones al sistema judicial estatal.
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