Con el objetivo de evitar criterios discrecionales en la aplicación de los Atlas de Riesgo y garantizar igualdad en los procesos de regularización de viviendas, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó un paquete de reformas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley de Gobierno Municipal y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, buscando establecer reglas claras, transparencia y criterios técnicos homogéneos para todas las personas que habitan o buscan regularizar predios ubicados en zonas consideradas de riesgo.
Entre los principales puntos de la iniciativa destaca la obligación de los municipios de publicar cada año un registro de permisos, negativas y dictámenes emitidos en este tipo de zonas, así como transparentar los criterios utilizados para autorizar o rechazar desarrollos y asentamientos.
Además, la reforma plantea crear mecanismos técnicos que permitan evaluar de manera uniforme predios y colonias con condiciones territoriales similares, evitando decisiones arbitrarias o diferenciadas.
Otro de los aspectos centrales es la creación de una ruta técnica para permitir la regularización de asentamientos cuando el riesgo sea mitigable y existan estudios especializados que así lo acrediten.
La propuesta también busca que la ciudadanía tenga acceso a herramientas públicas donde pueda consultar restricciones, riesgos y medidas aplicables a cada zona urbana.
Asimismo, se pretende obligar a las autoridades a fundamentar cualquier negativa o autorización con información técnica específica y verificable.
“Lo que estamos pidiendo es que haya igualdad urbana y un piso parejo para la regularización de las viviendas. Sin importar si tienes dinero o no, puedas acceder al derecho constitucional a una vivienda digna”, expresó la legisladora.
Marisol González aclaró que las reformas no buscan permitir construcciones en zonas de alto peligro no mitigable, sino generar certeza jurídica y evitar que el Atlas de Riesgo sea utilizado de manera discrecional.
“La seguridad de las personas debe ser prioridad, pero también debemos evitar que el Atlas de Riesgo termine excluyendo familias o aplicándose de forma desigual”, sostuvo.
La diputada señaló que actualmente muchas familias enfrentan incertidumbre debido a criterios poco claros o inconsistentes entre municipios al momento de tramitar permisos, regularizaciones o dictámenes relacionados con sus viviendas.
Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano busca impulsar un modelo de desarrollo urbano con mayor transparencia, acceso equitativo y justicia territorial para quienes viven en asentamientos con condiciones similares.
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