La diputada Luvianka Partida Chávez presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 26 y 123, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan garantizar pensiones consideradas suficientes para las personas adultas mayores en México.
La propuesta plantea que el salario mínimo se utilice como unidad de medida para el cálculo de pensiones y prestaciones sociales, con la finalidad de asegurar que los ingresos de los jubilados mantengan un poder adquisitivo adecuado. Asimismo, se propone que el salario mínimo no sea empleado como referencia para otros fines ajenos a su naturaleza.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa busca atender una problemática vinculada con las condiciones económicas que enfrentan las personas adultas mayores, quienes en muchos casos dependen de ingresos limitados o insuficientes durante la etapa de retiro laboral.
Partida Chávez señaló que México se encuentra en un proceso de envejecimiento poblacional. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 indican que en el país residen aproximadamente 19.03 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 14.7 por ciento de la población total. Esta cifra ha aumentado en comparación con 2018, cuando representaba el 12.3 por ciento.
Las proyecciones del Consejo Nacional de Población estiman que para 2030 este grupo representará el 15 por ciento de la población, y para 2050 alcanzará el 22.9 por ciento, en un contexto marcado por el descenso de la natalidad y el incremento en la esperanza de vida.
La iniciativa también advierte que este cambio demográfico impacta en distintos ámbitos, como el mercado laboral, los sistemas de seguridad social y la estructura familiar, lo que plantea retos para la atención y protección de este sector de la población.
Cifras del Instituto Nacional de Geriatría señalan que alrededor de 4 millones de personas mayores de 65 años continúan trabajando en el país. De este grupo, aproximadamente una cuarta parte permanece activa laboralmente, y más de la mitad lo hace por cuenta propia, con altos niveles de informalidad.
En términos de ingresos, los trabajadores en la informalidad dentro de este grupo etario perciben en promedio 6 mil 999 pesos mensuales, cifra inferior a la de otros adultos económicamente activos, cuyo ingreso promedio es de 9 mil 914 pesos mensuales.
La propuesta legislativa plantea que el objetivo es fortalecer el sistema de pensiones para que las personas jubiladas puedan contar con ingresos suficientes que les permitan cubrir sus necesidades básicas durante la vejez, en un contexto de transformación demográfica y retos en materia de seguridad social en el país.
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