Legisladoras y legisladores federales del Partido Acción Nacional, junto con la dirigencia nacional del partido, anunciaron una ofensiva legal, constitucional e internacional derivada de los presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno de Sinaloa y el crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa, el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, informó que Acción Nacional promoverá tres acciones principales: denuncias ante instancias internacionales, la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa y un juicio político contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
“Hoy venimos a anunciar que en Acción Nacional vamos a ejercer todos los recursos legales que tengamos para impedir impunidad”, declaró Romero Herrera.
Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, aseguró que el Estado mexicano no puede mantenerse indiferente frente a lo que calificó como una grave crisis institucional y democrática.
“Las instituciones mexicanas no pueden permanecer indiferentes ante un ataque sostenido contra la democracia y la legalidad. Llevamos años denunciando vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, y hoy existen señalamientos, investigaciones y hechos públicos que obligan a actuar con responsabilidad y firmeza”, afirmó.
El legislador sostuvo que la solicitud de juicio político constituye el primer paso de una ruta constitucional para exigir responsabilidades y evitar cualquier escenario de impunidad.
Asimismo, explicó que Acción Nacional busca la separación definitiva de Rubén Rocha Moya para impedir posibles mecanismos de protección política o jurídica que obstaculicen eventuales investigaciones.
“Claro que se puede investigar y sancionar en México a quienes hayan traicionado la confianza ciudadana y permitido la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Lo que no podemos permitir es el encubrimiento”, enfatizó.
Durante la conferencia, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Berenice Luna Ayala, aseguró que la violencia que vive el país es consecuencia de acuerdos entre actores políticos y grupos criminales, mientras que el diputado Federico Döring Casar advirtió sobre posibles repercusiones económicas y diplomáticas para México derivadas de los señalamientos internacionales relacionados con Sinaloa.
En tanto, la diputada Eva María Vásquez Hernández sostuvo que Acción Nacional continuará denunciando cualquier posible vínculo entre gobiernos y estructuras criminales, mientras que Germán Martínez Cázares afirmó que la prioridad del Estado debe ser garantizar seguridad y protección a las familias mexicanas.
Finalmente, Elías Lixa reiteró que el PAN agotará todas las herramientas legales y constitucionales para impedir que la infiltración del crimen organizado se normalice en la vida pública del país.
“La soberanía de México se defiende aplicando la ley, no protegiendo a los narco-políticos”, concluyó.
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