El administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró que las acusaciones lanzadas por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrían representar apenas el inicio de una ofensiva más amplia contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico.
Durante una comparecencia ante legisladores estadounidenses, el titular de la Administración para el Control de Drogas afirmó que las investigaciones contra políticos mexicanos continuarán avanzando y podrían derivar en nuevas acusaciones en los próximos meses.
“Esto es solo el inicio de lo que está por venir”, advirtió Cole al ser cuestionado sobre el caso del mandatario sinaloense.
El funcionario sostuvo además que, a juicio de las autoridades estadounidenses, existe una larga historia de presunta colusión entre integrantes del crimen organizado y funcionarios mexicanos.
“No cabe duda que los traficantes de drogas y altos funcionarios del gobierno de México han estado coludidos durante años, pero de repente ya les estamos poniendo atención”, declaró.
Cole también responsabilizó a quienes presuntamente colaboran con las organizaciones criminales de la crisis de drogas que enfrenta Estados Unidos.
Caso Rocha Moya sería solo el inicio, advierte jefe de la DEA / https://t.co/oJDP6c6UQO pic.twitter.com/FVcgCpgZug
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“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre a nuestro país”, expresó durante su comparecencia.
Las declaraciones ocurren en medio de la creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos por los señalamientos contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, quienes han sido vinculados por autoridades estadounidenses con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con el grupo de Los Chapitos.
A finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por delitos relacionados con tráfico de drogas, armas y presunta colaboración con organizaciones criminales.
De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, existirían presuntos acuerdos políticos y esquemas de protección institucional a cambio de apoyo del narcotráfico.
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