La crisis política y judicial que rodea al círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló este viernes luego de que trascendiera el congelamiento de cuentas bancarias de familiares, exfuncionarios y operadores políticos señalados en investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con información difundida dentro del sistema financiero nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de operaciones relacionadas con Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como del senador Enrique Inzunza Cázares y otros personajes vinculados al actual grupo político que gobierna Sinaloa.
La medida se habría derivado de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, donde se señala a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Según los reportes, el acuerdo fue distribuido a instituciones financieras mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo el mecanismo utilizado para alertas de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Con ello, bancos y entidades financieras tendrían la obligación de suspender movimientos, retiros, transferencias y operaciones relacionadas con las personas incluidas en la lista, según lo da a conocer el periódico El Sol de Sinaloa.
Entre los nombres que también aparecen dentro de las investigaciones destacan Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, exmando policiaco municipal.
Las acusaciones provenientes de Estados Unidos sostienen que parte de la estructura política y de seguridad en Sinaloa habría brindado protección, información privilegiada y facilidades operativas a integrantes del crimen organizado a cambio de favores políticos y presuntos beneficios económicos.
No obstante, las autoridades estadounidenses también han precisado que todos los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.
El tema generó ruido incluso dentro del propio Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que no tenía información detallada sobre el presunto congelamiento de cuentas y adelantó que solicitaría un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera para esclarecer la situación.
Hasta el momento, ninguna dependencia federal ha publicado un comunicado oficial abierto confirmando el contenido íntegro del acuerdo difundido en medios y plataformas financieras, lo que ha provocado aún más especulación sobre el alcance real de las medidas.
El caso ocurre apenas semanas después de que autoridades estadounidenses revelaran cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, situación que derivó en la licencia temporal del mandatario estatal y en el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de Sinaloa.
Con información de https://oem.com.mx/elsoldesinaloa
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