Por:Víctor Flores García
Ciudad de México.- México encara una disyuntiva ante el pedido de extradición presentado por EU contra 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa (noroeste), encabezados por el gobernador Rubén Rocha -ahora con licencia-, que es debatida por líderes del oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados, en opiniones expresadas por separado para la Agencia Sputnik.
Ambos bandos coinciden en la gravedad del asunto, pero difieren en la interpretación de causas, responsabilidades y pasos a seguir ante la demanda de arrestos, enviada a finales de abril por el Departamento de Justicia de EU.
Para Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Baja, la situación tiene un componente jurídico que invalida acusaciones y narrativas políticas, según el Gobierno mexicano.
El legislador explica a esta agencia que la vía elegida por la corte del sur de Nueva York fue la detención con fines de extradición, lo que conlleva requisitos específicos bajo tratados bilaterales y la Ley de Extradición. Ávila sostiene en que “nadie puede venir por ti sin cumplir con el requisito “sine qua non” de presentar pruebas”; y que hasta ahora “no ha cumplido el juzgado federal del sur de Nueva York con este requisito”.
No obstante, enfatiza: “si entregan las pruebas para acreditar el sentido de urgencia, previsto en el artículo 11 del tratado bilateral, se les va a detener”, a los acusados.
LA CIA EN CHIHUAHUA
El dirigente oficialista critica además lo que califica como un uso oportunista del caso por parte de los partidos de la oposición en el Congreso.
“Primero, la oposición ha visto esto como un tema donde pueden construir una narrativa de que protegemos a este personaje (gobernador Rocha)”, argumenta.
En segundo lugar, señala que el caso es usado para desviar la atención de un tema donde, en su opinión, sí hay un delito confeso: el estado de Chihuahua, el pasado 19 de abril, en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en una zona montañosa.
Se refiere así a dos agentes de la agencia central de inteligencia de EU (CIA, en inglés) que murieron en un accidente en el marco de ese operativo, supuestamente autorizados por la gobernadora, Maru Campos.
“Violando la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional: hubo traición a la patria”, subraya.
Ávila señaló que en Chihuahua hubo fiscales que “reconocieron” hechos de la presencia de la CIA, que luego fueron negados y que, ante esa conducta, la gobernadora Campos debería renunciar en términos similares al gobernador de Sinaloa, Rocha.
LA OPOSICIÓN CUESTIONA
La reacción del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) adoptó una óptica distinta, que mezcla diagnóstico estructural y crítica a políticas pasadas.
Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, situó el problema en dos factores externos e internos: la demanda estadounidense de drogas y el flujo de armas ilícitas hacia México.
En entrevista con la Agencia Sputnik recordó además la herencia política del sexenio anterior: “el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con su política pública denominada “Abrazos, no balazos”, se tradujo en indolencia y permisividad. Es una estrategia que le ha hecho mucho daño a nuestro país”.
Moreira afirma que esa política contribuyó a debilitar la acción contra el crimen organizado y mencionó como ejemplo una presunta intervención del crimen en comicios locales.
“Después de cinco años de las elecciones legislativas y locales de 2021, se está cumpliendo lo que nosotros como partido denunciamos como partido en la contienda en Sinaloa: hubo una intervención del crimen organizado en los comicios”, denuncia.
Para el líder opositor, la crisis también revela un deterioro de la política exterior y diplomática.
“Lo que vivimos también es producto de la debilidad de nuestras relaciones con el mundo, de una Cancillería que fue desmantelada por el Gobierno de López Obrador”, prosigue.
Desde su perspectiva, revertir esa debilidad implica reconstruir la capacidad de México para “combatir al crimen organizado, que capture a los delincuentes y reconstruya relaciones con EU y con el resto del mundo”.
ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL
A su turno, el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) elevó el tono al considerar que el caso debe ser tratado como un asunto de seguridad nacional.
Federico Döring Casar, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, sostuvo que la solicitud “debe de ser atendida como un asunto de seguridad nacional”; y relaciona el episodio con medidas previas de la entrega de casi un centenar de presos acusados de crimen organizado, por razones de seguridad nacional en México.
Döring calificó la acusación presentada por un gran jurado en la corte de Manhattan como “un caso sólido que confirma que son los responsables de la actual epidemia de narco en Sinaloa”.
Advirtió, asimismo, un riesgo en la relación bilateral: “Es un asunto de seguridad nacional que pone en riesgo la relación bilateral, el tratado de libre comercio de Norteamérica, el flujo de las remesas desde EU y un comercio de más de 534.000 millones de dólares de exportaciones de México hacia EU”, asegura.
El legislador opositor afirma que evitar un enfoque serio significa “privilegiar la impunidad partidista al interés nacional” y acusó a la jefatura del Ejecutivo federal de priorizar la protección de su fuerza política.
“Con mucha preocupación hemos visto que a la presidenta (Claudia Sheinbaum) le ha importado más proteger a esos narcos de su partido Morena, que preservar la relación bilateral con Washington”, asegura.
Finalmente, el dirigente del PAN mencionó que voces estadounidenses, entre ellas Terry Cole de la DEA y otros altos funcionarios de la Defensa, advierten que el caso de Sinaloa “es solamente el primero de muchos casos que siguen”.
Planteó finalmente que la presidenta debe decidir entre multiplicar la crisis o “pavimentar la ratificación del tratado comercial y una colaboración con EU”.
EL DILEMA
Las tres posiciones muestran convergencias en la percepción de riesgo, pero diferencias de fondo.
Los tres líderes legislativos reconocen un impacto potencial sobre la relación binacional y subrayan la gravedad de las acusaciones que vinculan a funcionarios públicos con estructuras delictivas.
No obstante, divergen en las prioridades, explicaciones y responsabilidades: Morena enfatiza el respeto a garantías procesales y denuncia maniobras opositoras; el PRI responsabiliza políticas del Gobierno anterior de López Obrador e institucionales por la debilidad frente al crimen; y el PAN exige que el caso sea abordado como seguridad nacional y acusa un sesgo de protección partidista por parte del Gobierno.
Ávila mencionó que el Gobierno de la presidenta Sheinbaum combate al crimen, con casos de funcionarios perseguidos y detenidos en el extranjero acusados de crimen organizado, como Paraguay y Argentina, y también arrestados en México para ilustrar que “si hay una conducta delictiva se va a castigar a quien sea, sea gobernador, senador, diputada, o diputado”.
Esa afirmación choca con el enfoque de la oposición, que exige acciones concretas inmediatas y un giro de política en el combate al crimen transnacional que demuestre cooperación efectiva con Washington.
En la Cámara de Diputados, las tres bancadas dan por seguro que el asunto dejará una huella profunda en la política interna y en la agenda internacional del país, mientras la ciudadanía observa si las instituciones actúan con independencia y apego a la ley. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: CIA
eitmedia.mx
