La confrontación política en el Congreso de Nuevo León volvió a escalar luego de que la Comisión Anticorrupción reactivara dos procedimientos de juicio político en contra del gobernador Samuel García, relacionados con presuntas irregularidades durante el pasado proceso electoral.
Durante la sesión encabezada por la diputada Armida Serrato Flores, presidenta de la comisión, se revisaron los informes enviados por el Ejecutivo estatal, en los que el mandatario respondió por escrito y dejó abierta la posibilidad de impugnar distintos puntos del procedimiento legislativo.
Tras la lectura de los documentos, las y los diputados aprobaron mantener la comisión en sesión permanente para continuar con el análisis del expediente y retomar formalmente los trabajos el próximo jueves.
Armida Serrato explicó que ambos casos derivan de resoluciones emitidas previamente por el Tribunal Electoral Federal, donde se determinó que existieron conductas atribuidas al gobernador que habrían vulnerado principios de imparcialidad y equidad durante las elecciones de 2024.
Uno de los expedientes está relacionado con una supuesta intervención indebida del mandatario estatal en el proceso electoral federal, específicamente por presuntos beneficios a la fórmula al Senado integrada por Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera.
El segundo procedimiento gira en torno a la promoción de la rifa de una camioneta Cybertruck, hecho que presuntamente estuvo ligado a actividades de respaldo a la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez.
La legisladora priista aseguró que el objetivo de ampliar el periodo de revisión es permitir que todos los integrantes de la comisión tengan tiempo suficiente para estudiar la documentación enviada por el gobernador y evitar señalamientos sobre falta de análisis.
Durante la votación, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, se pronunció en contra de continuar con el proceso, mientras que los legisladores de Morena Mario Soto y Rodrigo Montemayor se ausentaron al momento de emitir el voto. Por su parte, la diputada Grecia Benavides optó por abstenerse.
Serrato Flores cuestionó además la postura jurídica presentada por el Ejecutivo estatal, al señalar que los argumentos expuestos se limitan a denunciar una presunta persecución política sin aportar, dijo, elementos suficientes de defensa legal.
La Comisión Anticorrupción tiene previsto reanudar los trabajos el próximo 21 de mayo a las 11:00 horas, en medio de un clima de tensión política que continúa marcando la relación entre el Congreso local y el gobierno estatal.
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