La discusión sobre cómo frenar la infiltración del crimen organizado en las elecciones abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara las críticas lanzadas por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, respecto a la propuesta para revisar perfiles de aspirantes a cargos públicos y detectar posibles vínculos con el crimen organizado.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que la titular del organismo electoral interpretó equivocadamente la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, luego de que Taddei advirtiera que el mecanismo podría comprometer la imparcialidad del INE al colocarlo en funciones que corresponden a autoridades de investigación y justicia.
La mandataria aclaró que la intención no es convertir al árbitro electoral en una instancia que apruebe o rechace candidaturas, ni otorgarle facultades de procuración de justicia, sino establecer un sistema institucional de consulta y verificación preventiva.
Según explicó, la propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas integrada por cinco consejeros electorales designados por el propio INE para periodos de tres años. Su función sería únicamente recibir solicitudes de revisión presentadas por los partidos políticos y canalizarlas hacia dependencias federales especializadas en inteligencia financiera, seguridad y combate al crimen.
Entre las instituciones consideradas dentro del esquema aparecen la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismos que aportarían información relacionada con investigaciones por lavado de dinero, corrupción o posibles nexos con grupos criminales.
Sheinbaum insistió en que la decisión final sobre mantener o retirar una candidatura seguiría dependiendo exclusivamente de los partidos políticos, mientras que el INE actuaría únicamente como intermediario institucional en el proceso de consulta.
La propuesta surgió tras diversos casos recientes donde autoridades municipales y funcionarios fueron señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales, especialmente después de operativos federales como la Operación Enjambre, mediante el cual fueron detenidos alcaldes y exalcaldes investigados por supuestos acuerdos con grupos delictivos.
Un día antes, Guadalupe Taddei había advertido que obligar al INE a participar en evaluaciones sobre la “probidad” de los candidatos podría colocar al instituto en el centro de disputas partidistas y poner en riesgo su papel como autoridad neutral.
La consejera presidenta sostuvo que si el marco legal obligara al órgano electoral a emitir juicios sobre la integridad de los aspirantes, el instituto podría terminar involucrado directamente en conflictos políticos y electorales.
Pese al señalamiento, el Gobierno federal mantiene firme su intención de impulsar la reforma rumbo a las elecciones intermedias de 2027, bajo el argumento de evitar que perfiles vinculados con estructuras criminales logren acceder a cargos públicos mediante partidos políticos.
Especial-eitmedia.mx
