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Denuncia ante OEA por “narco-elección” en México precedió a pedidos de extradición de EU

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Por: Víctor Flores García

Ciudad de México.- Los testimonios de una supuesta “narco-elección” presentados ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2021 por tres partidos opositores al Gobierno de México precedieron y coinciden con los argumentos de 10 pedidos de extradición de EU recientes por presunta narco-política en Sinaloa (noroeste), afirmó en una entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik uno de los dirigentes políticos que viajó a Washington para presentar esas denuncias.

“No tengo ninguna duda de que una parte fundamental de nuestra acusación contenida en ese amplio expediente, fueron base para las decisiones del fiscal especial del Distrito Sur de Nueva York (Jay Clayton)”, afirmó Jesús Zambrano, fundador en 1989 del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) y su presidente nacional de 2020 a 2024.

Zambrano reveló a esta agencia el origen, contenido y evolución de la queja que documentó en 53 páginas amenazas, secuestros, robo de urnas e injerencia del narcotraficante Cártel de Sinaloa en las elecciones legislativas y locales de hace cinco años.

El protagonista del caso resumió el contenido de la denuncia: “En nuestros alegatos nos centramos, principalmente, en las elecciones en Sinaloa, Michoacán, Sonora, y distintas situaciones que se dieron en Zacatecas y Guerrero”.

La denuncia también fue presentada por Zambrano en la capital estadounidense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al departamento de Estado de EU, junto con los entonces presidentes del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, y del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, integrantes de la coalición opositora “Va por México”.

Zambrano reseñó que los reclamos se basaron en impugnaciones ante órganos electorales, testimonios y documentación recogida por equipos jurídicos de esas fuerzas políticas.

“En 2021 hubo muchas amenazas durante la campaña, candidatos y dirigentes muertos, así como secuestros previos y durante la jornada electoral, sobre todo en Sinaloa (noroeste) y Michoacán (centro-oeste)”, resumió el líder opositor.

Consciente de que ese tipo de denuncias internacionales deben recorrer largos caminos, que pueden durar décadas, Zambrano sostuvo que el fondo de sus conclusiones comienza a confirmarse con el expediente judicial del caso Sinaloa abierto por el Departamento de Justicia de EU en un Gran Jurado de Nueva York.

“Nuestra denuncia y nuestra gestión está viva, estamos dispuestos a fundamentarla, y podemos hacerlo incluso personalmente en Washington en el momento que se necesite”, confió el entrevistado.

CONEXIÓN CON PEDIDOS DE EXTRADICIÓN DE EU

El dirigente político está convencido de que la denuncia es un precedente que fue considerado por Washington en las solicitudes de extradición presentadas el 29 de abril por el Departamento de Justicia de EU contra 10 funcionarios y exfuncionarios vinculados al estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, que pidió licencia al cargo dos días después.

La imputación que suscribe también el jefe de la agencia estadounidense antidrogas de EU (DEA), Terrance Cole, imputa a gobernantes, fiscales y jefes policiales de supuestos vínculos con la facción narcotraficante de Los Chapitos, hijos del capo Joaquín “Chapo” Guzmán, encarcelados en prisiones de EU.

Zambrano señaló que la acción estadounidense se centró en las acciones del Cártel Sinaloa en el proceso electoral y que integró otras evidencias recabadas por la justicia estadounidense.

“El Departamento de Justicia de EU tomó una decisión muy cuidadosa, porque se centró específicamente en Sinaloa, y no tocó otros estados que iban contenidos en nuestra denuncia”, prosiguió.

En la conversación aseguró que los denunciantes están dispuestos a “testificar” en cortes estadounidenses o ante organismos internacionales si se les solicita.

TESTIMONIOS Y TENSIONES DIPLOMÁTICAS

El impacto político y diplomático de la denuncia y su actualidad fue analizada por Zambrano, quien presidió la Cámara de Diputados (2015-2018) y fue asesor (2004- 2006) del entonces jefe de Gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador, que dejó el PRD para fundar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) y convertirse en presidente del país (2018-2024).

La negativa de la jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, a facilitar extradiciones con la exigencia de “pruebas contundentes” antes de ordenar arrestos de sus correligionarios ha “agudizado la relación bilateral”, agregó Zambrano.

“Esto es el comienzo, lo de Rocha Moya y sus cómplices ha sido el inicio de una espiral que puede desembocar en consecuencias de una gran repercusión en todos sentidos para México”, advirtió el también fundador de la guerrillera “Liga Comunista 23 de Septiembre” en los años 70, que fue capturado con un balazo en la boca y preso político de 1974 a 1975.

El dirigente precisó cifras y ejemplos concretos: “nosotros contabilizamos alrededor de 1.000 personas secuestradas, entre operadores políticos, responsables electorales a lo largo y ancho del territorio sinaloense.”

Relató casos en los que representantes electorales y candidatos de la oposición fueron forzados a abandonar funciones.

Mencionó como ejemplo el secuestro del hermano de una candidata en Badiraguato -la tierra natal de los capos “Chapo” Guzmán, “Mayo” Zambada y de Rocha Moya- que motivó la renuncia pública de la aspirante tras amenazas directas.

La amenaza de los narcos fue directa, según el testimonio: “Anuncias que te retiras, que renuncias a la candidatura o si no vamos a matar a tu hermano”.

Ante esa situación, la dirigente opositora se rindió y abandonó la contienda.

DOCUMENTACIÓN Y TRIBUNALES

Zambrano explicó que la coalición opositora reunió testimonios de representantes de casillas, dirigentes y operadores que, pese al riesgo, firmaron declaraciones o grabaron testimonios tras la elección.

“De todo eso recabamos testimonios (…) después de la elección, de militantes que tuvieron la valentía de expresarse, grabando o firmando documentos para denunciar lo que había pasado”, agregó.

Añadió que algunas casillas fueron anuladas por tribunales electorales -por ejemplo, en la ciudad costera de Los Mochis, Sinaloa, y en varios municipios de Michoacán- pero que, en términos generales, las salas concluyeron que la intervención de grupos delictivos no había sido suficiente para revertir o anular resultados de los comicios que favorecieron a Morena y Rocha Moya.

Zambrano relató la respuesta negativa de las autoridades: las denuncias fueron presentadas ante fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente validó muchos de los triunfos impugnados.

“Todo ese proceso finalmente no prosperó, fueron declarados esos triunfos para los candidatos de Morena”, recordó.

La magistrada electoral Aída Inzunza, hermana de un senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza, elaboró el dictamen que validó la elección de Rocha Moya en 2021.

El legislador es uno de los 10 líderes pedidos por EU para su extradición.

LA GIRA A WASHINGTON

Sobre la presentación en Washington, Zambrano explicó que el equipo entregó el expediente en reuniones con la CIDH, el entonces secretario general de la OEA, Luis Almagro (2015-2025) y una funcionaria responsable en el Departamento de Estado para México.

En uno de los primeros encuentros la CIDH respondió: “La verdad es que debemos decirles que hay un amplio expediente abierto aquí para México”, relató.

A la OEA le pidieron abrir un expediente y emitir un pronunciamiento, y la respuesta de Almagro fue: “Sí, lo seguimos analizando aquí. No es tan sencillo”.

Los funcionarios del departamento de Estado en el primer mandato de Donald Trump, “tomaron nota, nos hicieron algunas preguntas”, agregó.

Al final, los responsables de la diplomacia de Washington expresaron que les “preocupaba (la denuncia), tomaron nota y la iban a informar a las instancias correspondientes del Gobierno de EU”, dijo el líder político.

Zambrano concluyó que la denuncia sobre la injerencia del crimen organizado en procesos electorales de 2021 aporta pruebas que el Gobierno de México exige para ordenar la detención y extradición de los dirigentes oficialistas investigados por la justicia de EEUU. (Sputnik)

Fuente: https://noticiaslatam.lat/

Foto: Tomada de https://x.com/Jesus_ZambranoG

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