Con el objetivo de fortalecer la protección de las personas que recurren a servicios de orientación legal gratuita, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Defensoría Pública y a la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León.
La propuesta contempla modificaciones a 11 artículos de ambas legislaciones para establecer mayores mecanismos de responsabilidad, supervisión y ética profesional en la prestación de asesorías jurídicas de carácter social o comunitario.
La legisladora explicó que la iniciativa surge ante casos en los que ciudadanos han enfrentado afectaciones patrimoniales, familiares o legales tras recibir orientación deficiente por parte de personas que ofrecen asesorías gratuitas.
“Para mí es muy importante que esto esté regulado en la ley, que haya un padrón, que el Instituto de la Defensoría Pública emita los lineamientos y los criterios para que cualquier persona prestadora de asesorías jurídicas gratuitas tenga que inscribirse en este padrón, cumpla los lineamientos y pueda otorgarlo”, señaló.
Entre los principales cambios propuestos destaca la creación de un Padrón Estatal de Prestadores de Asesoría Jurídica Gratuita, que estaría a cargo de la Defensoría Pública y serviría para registrar a quienes brinden este tipo de servicios.
Asimismo, la iniciativa plantea que los profesionistas acrediten plenamente su cédula profesional, entreguen constancias de atención a los usuarios y asuman responsabilidad profesional por las recomendaciones emitidas, independientemente de que el servicio sea gratuito.
La propuesta también contempla mecanismos para que las personas afectadas por una posible negligencia profesional puedan presentar inconformidades y que, en caso de acreditarse daños derivados de malas prácticas, existan responsabilidades civiles, administrativas o penales conforme a la legislación aplicable.
“Cuando una persona busca ayuda gratuita normalmente lo hace en una situación complicada y deposita toda su confianza en quien la asesora. Por eso no puede existir un estándar menor solo porque el servicio no tenga costo”, expresó la diputada.
Marisol González sostuvo que la intención de la reforma es garantizar que los servicios jurídicos gratuitos se otorguen con el mismo nivel de profesionalismo, rigor técnico y responsabilidad ética que aquellos contratados de manera privada, brindando mayor certeza y protección a quienes requieren orientación legal en momentos de vulnerabilidad.
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