Ciudad de México.- La diputada federal del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer de manera explícita que ningún uso, costumbre, práctica cultural o sistema normativo interno podrá justificar matrimonios infantiles ni uniones forzadas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta plantea modificaciones al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de reforzar la protección de la niñez y armonizar los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas con los principios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que el ejercicio de los usos y costumbres no podrá invocarse para permitir matrimonios o uniones de menores de edad, además de que los sistemas normativos indígenas deberán ajustarse al principio del interés superior de la niñez.
Asimismo, plantea que el Estado garantice que el derecho a la libre determinación de las comunidades no sea utilizado para sustraer a niñas, niños y adolescentes de la protección especial que les otorgan la Constitución y los tratados internacionales.
La legisladora argumentó que, pese a los avances legales alcanzados en México, en diversas regiones del país continúan registrándose matrimonios y uniones tempranas bajo argumentos relacionados con tradiciones comunitarias, acuerdos familiares, dotes o arreglos económicos.
“Estas prácticas constituyen una violación directa de derechos fundamentales y representan una forma estructural de violencia contra la niñez, especialmente contra niñas y adolescentes”, sostuvo.
Cruz Jiménez recordó que organismos internacionales consideran el matrimonio infantil como una grave violación de los derechos humanos, debido a las consecuencias que genera en el desarrollo integral de las personas menores de edad, entre ellas violencia física, sexual y psicológica, abandono escolar y reproducción de ciclos de pobreza.
La diputada señaló que, aunque la legislación mexicana prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, persisten uniones tempranas informales en contextos de marginación y vulnerabilidad.
Añadió que el artículo 4 constitucional ya establece la obligación del Estado de garantizar el interés superior de la niñez, principio que, afirmó, debe prevalecer sobre cualquier norma, costumbre o práctica que afecte los derechos fundamentales de las personas menores de edad.
“La diversidad cultural es valiosa, pero no puede sostener prácticas que vulneran la dignidad humana. El matrimonio infantil no es tradición, es violencia estructural”, expresó.
La promovente consideró que la reforma permitirá eliminar ambigüedades jurídicas, fortalecer la protección de la infancia y evitar interpretaciones que puedan ser utilizadas para justificar este tipo de prácticas.
De ser aprobada, la modificación constitucional establecerá de manera expresa que ningún sistema normativo interno podrá justificar matrimonios infantiles, ya sea de manera formal o informal, ni bajo argumentos culturales, económicos o religiosos.
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