La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, Armida Serrato Flores, confirmó que el órgano legislativo ya recibió información relacionada con tres juicios políticos abiertos en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, lo que permitirá avanzar en el análisis de los expedientes en curso.
La legisladora detalló que además se dará trámite a un nuevo juicio político promovido por la bancada de Morena, relacionado con presuntas triangulaciones de recursos públicos, cuya procedencia será analizada en sesión programada para el próximo 12 de junio a las 11:00 horas.
Explicó que, en caso de aprobarse el acuerdo de procedencia, el mandatario estatal contará con un plazo de cinco días hábiles para comparecer o presentar por escrito sus argumentos y pruebas de defensa, antes de que la Comisión inicie las diligencias e investigaciones correspondientes.
Serrato Flores señaló que el proceso legislativo contempla diversas etapas, incluyendo investigación, audiencia y dictaminación, tras las cuales el caso deberá ser turnado al Pleno del Congreso del Estado para su resolución.
En ese escenario, el Congreso podría determinar el desafuero del gobernador y remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia, instancia que definiría las sanciones aplicables, que podrían ir desde una amonestación hasta la inhabilitación.
La presidenta de la Comisión sostuvo que el procedimiento debe seguir su curso sin distinciones y llamó a que se respeten los tiempos legales establecidos.
“Nuevo León necesita un gobernador concentrado en gobernar y resolver los problemas de la ciudadanía”, expresó.
De forma paralela, la Comisión Anticorrupción informó que ha enviado 61 oficios a distintas autoridades federales y estatales para recabar información relacionada con los expedientes, de los cuales 51 ya han sido respondidos, incluyendo documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Contraloría estatal.
En este contexto, el coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente Flores, afirmó que el avance de los procedimientos abre la posibilidad de un eventual desafuero del mandatario estatal, al señalar que existen elementos ya determinados por instancias jurisdiccionales.
Sostuvo que, al tratarse de resoluciones previas, los nuevos juicios políticos podrían consolidar un proceso más amplio en contra del Ejecutivo estatal, y estimó que el eventual procedimiento de desafuero podría extenderse por alrededor de dos meses.
Finalmente, advirtió que el gobernador será llamado a comparecer ante el Congreso como parte de su derecho de defensa dentro del proceso legislativo en curso.
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