La confrontación política derivada de las recientes elecciones en Coahuila escaló este viernes a nivel federal luego de que el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, promoviera una solicitud de juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el fiscal estatal Federico Fernández Montañez, a quienes responsabiliza de presuntas violaciones a derechos humanos y de intervenir de manera indebida en el proceso electoral.
Desde la Cámara de Diputados, el legislador aseguró que durante la jornada electoral y en los días previos se registraron acciones de intimidación, detenciones arbitrarias y agresiones contra militantes, candidatos y operadores políticos vinculados a Morena y al PT.
Mejía Berdeja sostuvo que la actuación de corporaciones estatales generó un clima de presión sobre integrantes de la oposición y afirmó que las fuerzas de seguridad fueron utilizadas para inhibir actividades políticas y ciudadanas relacionadas con la contienda electoral.
El diputado aseguró que diversos actores políticos denunciaron haber sido retenidos, intimidados o privados de su libertad por elementos policiacos, situación que, dijo, forma parte de los argumentos incluidos en la solicitud presentada ante el Poder Legislativo federal.
Entre los señalamientos también destacó presuntas irregularidades relacionadas con el uso de programas sociales durante el proceso electoral, así como la participación de funcionarios estatales en actividades vinculadas al conteo de votos y la operación política durante la jornada de comicios.
El legislador petista afirmó que existió un esquema sistemático para la compra de sufragios mediante herramientas tecnológicas y códigos digitales, mecanismo que, aseguró, fue utilizado para influir en la voluntad de los electores.
De acuerdo con su versión, estas prácticas habrían afectado la legalidad y equidad del proceso electoral, al grado de poner en duda la autenticidad de los resultados obtenidos en diversas regiones de la entidad.
Mejía Berdeja también denunció presuntos abusos cometidos por elementos de seguridad estatal contra personas vinculadas a actividades políticas y electorales, señalando que algunos de los casos reportados incluyen agresiones físicas y otras conductas que, afirmó, deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Durante su posicionamiento responsabilizó directamente al gobernador de Coahuila, al fiscal estatal y a mandos policiacos de cualquier situación que pudiera afectar la integridad física de integrantes de su partido o de otros actores políticos involucrados en las denuncias.
Asimismo, pidió que los procedimientos de juicio político pendientes en la Cámara de Diputados sean atendidos con prontitud y sin consideraciones partidistas, argumentando que la aplicación de la ley debe prevalecer sobre cualquier interés político.
El legislador adelantó además que impulsará modificaciones legales para regular el uso de dispositivos electrónicos y herramientas digitales durante los procesos electorales, con el objetivo de impedir que sean utilizados como mecanismos para condicionar o comprar el voto.
Las acusaciones abren un nuevo frente de confrontación política en Coahuila, donde los resultados electorales continúan generando controversia entre las distintas fuerzas partidistas y podrían derivar en nuevas disputas tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.
eitmedia.mx
